Ejecutivo afina decreto para “regular” uso de jugoso canon que recibe Japdeva por TCM
Chaves y Mideplan disconformes con algunas propuestas planteadas por municipios
(CRHoy.com). El Poder Ejecutivo afina un nuevo decreto para regular el uso de los recursos del canon que paga la empresa APM Terminals a la Junta de Administración Portuaria de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) por la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
En las cuentas de la entidad estatal existen aproximadamente $75 millones producto de este rubro. Por ley, los recursos del canon deben ser destinados a proyectos para desarrollo económico y social en todos los cantones de la provincia de Limón.
En diciembre de 2022, Rodrigo Chaves, presidente de la República, criticó los proyectos presentados por municipalidades ante Japdeva para desarrollar obras con los recursos del canon y anunció que efectuarían un análisis de cara a evaluar otras alternativas.
Laura Fernández, jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), explicó que cuentan con un "rol determinante" para orientar a la junta en el uso de los dineros. Bajo esa óptica es que preparan el decreto que regularía el tema.
"Un nuevo decreto donde se regule cómo se van a utilizar los fondos de este canon donde tengamos reglas del juego que le permitan a los operadores de estos recursos hacer un trabajo de definición de los proyectos y de las prioridades, pero que logren generar impactos y retornos económicos y sociales en la región
"Hicimos ese nuevo decreto, con esas nuevas pautas. Ya fue aprobado en la junta directiva de Japdeva y va rumbo a leyes y decretos. Adicionalmente, con la gerencia de inversiones públicas de Mideplán y de Japdeva", detalló la funcionaria, este 10 de mayo, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La ministra no profundizó en esas "nuevas pautas" que marcaría el decreto. De paso, agregó que se realizan acercamientos entre la gerencia de Inversiones Públicas del ministerio y con la institución portuaria estatal.
Fernández indicó que entre las propuestas de las municipalidades hay "buenos proyectos", pero consideran como gobierno que el canon debe aprovecharse para dar un "giro y golpe de timón" al desarrollo de la provincia.
"Hay un nuevo decreto y una nueva metodología. Ya hay proyectos aprobados que fueron elevados a la Contraloría General de la República (CGR) para el correspondiente refrendo y creo que van a caminar en este primer semestre. Son cantones como Pococí, como Matina, como Limón los que han presentados proyectos. Hay otros más que tienen aprobación de la CGR", puntualizó Fernández.
En diciembre de 2020, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022), se anunciaron los primeros proyectos a ejecutar con recursos del canon por un monto total de 10.5% millones. Por ejemplo, figuraban el Plan Regulador de Guácimo, la renovación de la estación del ferrocarril de Siquirres, el plan regulador costero de Limón y la remodelación del mercado de Sixaola en Talamanca.
"No se ha dado uno solo (proyecto). Llegamos nosotros y no hay reglamento. No hay criterios de selección (…) La responsabilidad de presentar proyectos bien y con sentido son de las municipalidades. Aquí fallaron el gobierno y las municipalidades. Estamos trabajando y ya queremos sacar. Había propuestas, pero no nos dejaron en la CGR porque no venían de las municipalidades", expuso el mandatario Chaves.
Fernández confirmó que valoraron, junto con algunos municipios, destinar recursos del canon al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para atender rutas nacionales. No obstante, existen dudas legales para efectuar este tipo de convenios.
En el pasado, Japdeva manejó propuestas para que el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR) constituyeran el fideicomiso que administraría el canon. Sin embargo, a finales de 2019 el consejo de administración de la junta determinó que las entidades bancarias del Estado contaban con limitaciones para manejar un fideicomiso que recibiría jugosos recursos–periódicamente- por 33 años.
La junta manejó la posibilidad de constituir un fideicomiso con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para gestionar los fondos y el desarrollo de proyectos, pero esa idea quedó congelada para dar prioridad a los planes que ya están en curso y que se gestionarán de manera independiente.
El contrato entre el Estado y la APM Terminals estipula que durante los 33 años en que la terminal esté concesionada la empresa cancelará una cifra cercana a los $1.000 millones. Dichos desembolsos serán periódicos durante todo ese tiempo. La empresa europea comenzó a operar en febrero de 2019.