EE. UU. impone 30 años de cárcel a colombiano que usó Costa Rica para mover droga
Celso Navarro Díaz, colombiano de 65 años y conocido como Costeño, fue sentenciado a 30 años de cárcel en EE. UU. por movilizar droga desde su país natal hasta Costa Rica, punto de operación desde donde salían cargamentos hacia Norteamérica.
En enero, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos de narcotráfico internacional y el pasado jueves, el fiscal Gregory W. Kehoe, de la Fiscalía del Distrito Medio de Florida, confirmó la imposición de una pena de tres décadas contra este sujeto. La condena fue impuesta por la jueza federal sénior Virginia M. Hernández Covington.
Según los testimonios y las pruebas presentados durante el juicio, Navarro Díaz encabezaba una organización en Colombia que transportaba cocaína y marihuana desde la costa del Pacífico colombiano hasta suelo costarricense.
Durante un periodo de dos años, las autoridades de Panamá y Colombia, así como la Guardia Costera estadounidense, interceptaron cuatro embarcaciones de su grupo. La investigación reveló que Navarro Díaz hablaba de las operaciones de contrabando utilizando un lenguaje altamente cifrado.
También se refirió a las incautaciones mediante ese lenguaje después de tres de los incidentes. El plan consistía en trasladar la cocaína desde nuestro país a través de otros territorios centroamericanos y México antes de introducirla en Estados Unidos.
Navarro Díaz había sido condenado anteriormente por conspirar para importar cocaína a Norteamérica y se declaró culpable de ese delito en 2010 ante el Tribunal de Distrito de Columbia.
Operación en Costa Rica
Una orden firmada por la jueza Hernández revela que la organización de Costeño intentó hacer pasar sus lanchas rápidas cargadas con droga como embarcaciones costarricenses para evadir a la Guardia Costera de Ee. UU.
Para investigar y acusar a Costeño como el líder de esa estructura, las autoridades se basaron en dos operaciones marítimas específicas. La primera ocurrió el 20 de marzo de 2020, cuando se interceptó una embarcación rápida en aguas internacionales, a unas 130 millas náuticas al sur de Punta Mala, Panamá.
El segundo operativo se registró el 25 de julio de 2020, también contra una lancha rápida en aguas internacionales, a unas 100 millas náuticas al noreste de la isla de Malpelo, Colombia. Los fiscales solicitaron una determinación judicial para establecer que esos buques estaban sujetos a la jurisdicción estadounidense en el momento de su intercepción.
No obstante, Navarro Díaz respondió con una solicitud de desestimación de la acusación. Según alegó su defensa, existía una falta de jurisdicción, es decir, de la potestad que tiene un Estado para administrar justicia a través de sus jueces y tribunales. Según Costeño, EE. UU. actuó fuera de sus límites y por eso se debía anular la acusación.
El nombre de Costa Rica surge porque una de las maniobras fue alegar que las embarcaciones eran de origen nacional. Cuando fueron interceptadas en aguas internacionales en 2020, los capitanes de las embarcaciones aseguraron que tenían bandera costarricense, con el fin de evadir la intervención.
Sin embargo, el comandante David M. Bartram, de la Guardia Costera solicitó a Costa Rica confirmar o negar el registro o la nacionalidad de las embarcaciones. El Gobierno costarricense respondió en 2020 que no podía confirmar ni negar el registro ni la nacionalidad de los buques.
Ante ello, los fiscales demostraron de manera concluyente que se trataba de "buques sin nacionalidad" y, por tanto, sujetos a la jurisdicción estadounidense. Al no ratificar que se trataba de buques costarricenses, se confirmó que las autoridades estadounidenses sí estaban facultadas para intervenirlos.
Este caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Guardia Costera de Estados Unidos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Policía Nacional de Colombia.
La Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina del Agregado Judicial en Bogotá del Departamento de Justicia colaboraron con el Gobierno de Colombia para lograr la captura y extradición de Navarro Díaz desde Colombia, efectuada en septiembre de 2024.