Dudas por salud mental de abogado atrasaron juicio por millonaria sustracción del BN
Las dudas del Ministerio Público, el Banco Nacional (BN) y la Procuraduría General sobre la salud mental del abogado Eduardo Jiménez Araya, defensor del extesorero Ricardo Olivas Valle, sospechoso de sustraer casi ₡3.300 millones de las bóvedas bancarias, obstaculizaron el arranque del juicio por el caso Gallo Tapado.
Desde la semana pasada, cuando debía iniciar el debate, comenzaron los cuestionamientos sobre el abogado, luego de que el defensor diera a conocer que consume medicamentos capaces de provocar efectos sobre la claridad mental.
Por esa razón, se solicitó un dictamen médico legal para determinar si el jurista estaba en capacidad de llevar a cabo el proceso. La llegada del documento atrasó varias horas el inicio y cuando el informe llegó, concluyó que no tenía impedimento alguno para hacerlo.
Ronald Segura, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presente en el juicio, alegó que el defensor ha tenido un internamiento psiquiátrico y mantiene seguimiento en esa especialidad, según consta en el mismo dictamen, así como antecedentes de personalidad depresiva moderada y trastorno ansioso-depresivo.
Además, señaló que el abogado recibió tratamiento con algunos fármacos que ameritan seguimiento psiquiátrico.
El Departamento de Medicina Legal concluyó también que el uso de reeducación neurocognitiva, derivada de medicamentos consumidos por el abogado, corresponde al campo de la psiquiatría y la psicología, por lo que deberían realizarse exámenes adicionales.
Según se expuso, esos fármacos inhiben la conexión entre neuronas, aspecto fundamental para el funcionamiento cognitivo.
La Fiscalía también solicitó suspender el conteo de la prisión preventiva mientras se realizaba la valoración psiquiátrica. Los abogados querellantes del BN, entre ellos Martín Miranda, propusieron como alternativa nombrar un defensor adicional para Olivas Valle, ya fuera privado o público.
Abogado se defendió
Jiménez aseguró que la medicación que consume no le impide ejercer su labor y que, paralelamente, atiende otros casos sin que ningún tribunal haya cuestionado su capacidad profesional.
Explicó que toma esos medicamentos para descansar durante la noche y para tratar dolores cervicales producto de cirugías a las que fue sometido entre 2020 y el año anterior.
Insistió en que el dictamen médico legal no evidencia, en ninguna parte, que su capacidad esté comprometida o que no pueda asumir juicios. Además, se le permitió contar con un asistente para tomar notas.
Finalmente, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazó la solicitud de la Fiscalía y ordenó la apertura a juicio, que iniciará formalmente esta tarde con la lectura de la acusación.
El caso Gallo Tapado consiste en una investigación por la presunta sustracción ilícita de ₡3.293 millones de las bóvedas de la sede central del Banco Nacional. El principal sospechoso es el extesorero de la entidad Ricardo Olivas Valle, quien presuntamente robó dinero en efectivo de manera sistemática entre 2021 y 2023.
Según la investigación, el sospechoso aprovechaba zonas fuera del alcance de las cámaras de seguridad en la bóveda del Centro Interno de Procesamiento de Efectivo (CIPE). Presuntamente, introducía los fajos de billetes en sobres amarillos comunes y salía de las instalaciones con ellos en la mano.
La sustracción se habría facilitado debido a que el banco no realizaba arqueos físicos profundos ni auditorías exhaustivas de efectivo desde 2019. Además, Olivas gastaba entre ₡2 millones y ₡3 millones diarios en lotería oficial de la Junta de Protección Social (JPS), sumando hasta ₡60 millones al mes.
De acuerdo con la investigación, mediante una estrategia de "saturación estadística", al comprar volúmenes tan altos de lotería ganaba múltiples premios de forma constante, lo que presuntamente le permitía lavar las ganancias ilícitas.