Dos mil privados de libertad estaban sin cédula para votar
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que alrededor de dos mil privados de libertad no cuentan con su documento de identidad para ejercer el voto el próximo domingo 1.° de febrero, en las elecciones presidenciales y legislativas.
Durante las últimas semanas, múltiples reclusos de distintas cárceles del país —especialmente de los módulos de máxima seguridad del centro penal La Reforma— han denunciado ante el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala Constitucional y el Ministerio Público diversas irregularidades que afectarían el ejercicio del voto de esta población.
Eugenia Zamora, presidenta del TSE, explicó en conferencia de prensa que trabajan contra el tiempo para reponer las cédulas, luego de que la Dirección General de Adaptación Social confirmara su ausencia tras las quejas de los afectados.
"La administración penitenciaria reportó que había una cantidad de 2.000 personas ubicadas en alta contención que estaban sin cédula. No había tiempo, de la semana pasada al día de la elección, para poder hacer un proceso normal de emisión de nuevas cédulas porque eso implica estar con la persona.
Es un trámite personalísimo, se debe de tomar la fotografía, etc. Se tomó la decisión de hacer una reimpresión y las cédulas mismas van a ser entregadas por los funcionarios del Tribunal encargados de las juntas receptoras de votos ubicados en los centros penitenciarios", comentó Zamora.
El TSE recibió denuncias desde semanas atrás, relacionadas con supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en cárceles, como la aparente destrucción o incautación de cédulas de identidad de reclusos por parte de oficiales de la Policía Penitenciaria, con el fin de que no las tengan disponibles el día de los comicios.
También se reportaron traslados de privados de libertad realizados a última hora y sin previo aviso, lo que complicaría cambios en el domicilio electoral.
Esto obligó a la apertura de una investigación en la Inspección Electoral, que finalmente dio la razón a los denunciantes y declaró con lugar los recursos presentados. En total, se interpusieron al menos 15 amparos electorales por parte de medio centenar de reos, los cuales ya fueron resueltos.
Pueden hacer más cambios
Los privados de libertad se encuentran bajo un régimen especial debido a la especial relación de sujeción en la que se encuentran, distinto al del resto de la ciudadanía, que debe reportar su cambio de domicilio electoral antes de octubre, cuando cierra el padrón electoral.
Por esta razón, desde 2014 el TSE estableció como excepción que cuando un recluso está empadronado en un centro penitenciario y es trasladado a otro, la administración penitenciaria debe comunicarlo al Registro Civil para que se realice la modificación en los padrones de las juntas receptoras de votos, incluso el mismo día de la elección.
Este procedimiento se realiza mediante telegramas, de forma similar a cuando se informa a las juntas receptoras de votos sobre el fallecimiento de una persona para que no figure habilitada en el padrón.
En el caso de los reos, si una persona se empadronó antes del 30 de septiembre en un centro penitenciario —por ejemplo, en el CAI San José, en San Sebastián— y luego es trasladada a otro centro, como el CAI de Barranca, en Puntarenas, esa información debe comunicarse al TSE para cancelar su inscripción en el padrón original y habilitarla en el nuevo centro, según explicó días atrás Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE.