Dos iniciativas para luchar contra el crimen listas para votar en enero
Iniciativas fueron enviadas a consulta del Poder Judicial
La Asamblea Legislativa dejó listos, para su votación en primer debate en enero, 2 proyectos de ley que buscan reformar el Código Penal para endurecer la obtención del beneficio de libertad condicional.
Se trata de los expedientes legislativos 23.519 y 23.737, que fueron presentados por la diputada socialcristiana y primera secretaria del Congreso, María Marta Carballo Arce con el apoyo de su fracción legislativa.
Los diputados culminaron esta semana con la tramitación de mociones de fondo presentadas para ambos expedientes. Posteriormente, aprobaron enviar las propuestas de ley a consultas ante la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial. Una vez que se tenga la opinión de este supremo poder de la República la intención de los congresistas en someter las iniciativas a votación por parte del plenario legislativo, lo cual se estima pueda pasar una vez que los congresistas regresen de su receso de fin e inicio de año.
Estos proyectos forman parte de las sugerencias hechas por la oposición, en este por parte del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para el combate contra la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado en medio de este año histórico en cuestión de récord de homicidios.
Revocar libertad condicional a condenado que sea arrestado en disfrute del beneficio
El expediente 23.519 propone agregar un tercer inciso al artículo 67 del Código Penal, el cual consiste en la revocatoria o modificación del beneficio concedido, siempre y cuando el liberado haya sido arrestado en flagrancia o durante el curso de la investigación judicial por la comisión de un delito doloso. Todo esto con el objetivo de que la persona liberada no siga reincidiendo en su actividad delictiva y con ello continúe violentando la paz social.
La diputada Carballo explicó que su intención de presentar esta iniciativa nació tras revelarse que el sospechoso de matar al joven Keylor Gamboa, en diciembre del año pasado, fue detenido en 31 ocasiones durante el año y medio que gozó de un beneficio carcelario de puertas abiertas.
La intención inicial de la propuesta presentada por la legisladora era que los condenados perdieran su beneficio de libertad condicional por el delito que originalmente estuviera cumpliendo una condena, esto en caso que fuera arrestado como sospechoso por otro delito o en caso de flagrancia. Se establecía que, en caso de resultar inocente pudiera retomar este beneficio nuevamente.
Sin embargo, durante el proceso de discusión del proyecto de ley el resto de congresistas decidieron variar la propuesta inicial, de tal manera que quedó establecido en el proyecto que en un plazo de 24 horas los jueces deberán solicitar al Instituto de Criminología si las condiciones del sospechoso han variado antes de revocar el beneficio de libertad condicional. Tras el pronunciamiento de este segundo ente se decidirá el futuro del sospechoso.
"Si la persona es arrestada como sospechosa de un delito los jueces tendrán 24 horas para solicitarle al Instituto de Criminalidad, que también tendrá 24 horas para pronunciarse, si a la persona le han variado las condiciones por ser sospechoso de un delito. Esto fue producto de la negociación, sobre todo con diputados que expresaron su preocupación por el derecho de presunción de inocencia", explicó la congresista.
Carballo recordó que, cifras oficiales, arrojan que en el último año más de 100 costarricenses han muerto a manos de una persona con una condena en firme recibiendo el beneficio de libertad condicional.
El texto actualizado de este proyecto, el pasado 6 de diciembre, puede verlo en este enlace Texto 23.519 Actualizado
Libertad condicional, pero no tan pronta
El expediente 23.737 establece que para personas condenadas por delitos que atentan contra bienes jurídicos que tutelan la vida, la propiedad privada de las personas, su seguridad sexual y la salud, la libertad condicional se pueda pedir hasta que se haya cumplido, efectivamente, las dos terceras partes de la pena impuesta en sentencia ejecutoria. Actualmente, las personas condenadas por estos delitos pueden acogerse al beneficio a la mitad de su pena.
En este caso, la diputada Carballo explicó que los diputados también han presentado cambios, pero según su criterio resultan beneficiosos.
Entre los cambios se sumaron delitos que impidan que los condenados se acojan al beneficio, entre ellos narcotráfico, robo agravado, crimen organizado, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilegal de órganos, crímenes de guerra, genocidio y abusos sexuales contra menores y personas con discapacidad.
El texto actualizado de este proyecto, el pasado 6 de diciembre, puede verlo en este enlace Texto actualizado 27.737