Docentes temen que la Ley 9999 les impida aplicar los nuevos reglamentos de conducta del MEP

Docentes aseguran que la implementación del nuevo Reglamento de Evaluación del Aprendizaje y de la Conducta (REAC) abrió una contradicción dentro del sistema educativo: mientras se les exige ejercer autoridad, corregir conductas, aplicar sanciones y liderar procesos disciplinarios, el marco legal vigente los expone a denuncias sin mecanismos claros de protección jurídica.

El nuevo reglamento exige supervisar aspectos físicos de los estudiantes, como si tienen nuevos tatuajes, usan maquillaje, uñas postizas o pintadas, por lo que requiere una observación.  Lo que, según los educadores, podría malinterpretarse.

Estas contradicciones han generado un clima de inseguridad entre el personal docente de cara al inicio del curso lectivo 2026, programado para el lunes 23 de febrero.

Por un lado, la normativa aprobada por el Consejo Superior de Educación (CSE) el pasado jueves 12 de febrero fortalece la regulación de la conducta estudiantil dentro de los centros educativos y obliga al personal docente y administrativo a reforzar la disciplina, la convivencia y el cumplimiento de normas.

Por otro lado, la vigencia de la Ley 9999 mantiene un esquema en el que el educador puede ser separado de su puesto de manera preventiva ante una denuncia, sin garantías de defensa inmediata ni acompañamiento institucional efectivo.

CR Hoy conversó con docentes, quienes advierten que la situación ya no se limita a casos complejos o conflictos graves, sino que alcanza la cotidianidad escolar. Acciones básicas como regañar, llamar la atención, corregir una falta de respeto, exigir el cumplimiento de normas o intervenir en problemas de conducta se han convertido en escenarios de riesgo personal.

La percepción de vulnerabilidad ha transformado el ejercicio docente. Muchos educadores reconocen que ahora intervenir disciplinariamente genera miedo, no por el conflicto educativo en sí, sino por las posibles consecuencias legales.

"Hoy regañar a un estudiante, llamarle la atención por una falta de respeto o corregir una conducta ya no se ve como parte normal del trabajo docente, sino como un riesgo personal. Aunque después se demuestre que uno es inocente, el daño ya está hecho: se pierde el puesto, se pierde la reputación y se vive un proceso que destruye emocional y profesionalmente. Con la Ley 9999, primero sos culpable y después, si acaso, te defiendes", señaló un docente que pidió mantenerse en el anonimato.

Este entorno ha generado autocensura profesional: menos intervención, menos corrección directa y una distancia frente a los conflictos estudiantiles. Para muchos docentes, la ecuación es clara: intervenir implica riesgo legal; no intervenir implica incumplir funciones institucionales.

Otro educador consultado indicó que "aquí no existe ninguna protección real para el docente. El MEP lo reubica y básicamente le dice: 'Usted defiéndase como pueda'".

"Antes existían espacios internos para valorar los casos con dirección y padres de familia; hoy eso desapareció y todo se convierte en un proceso automático. Ahora no hay diálogo ni mediación: hay denuncia, reubicación y señalamiento social, aunque después se demuestre que no hubo falta", mencionó.

Choque normativo

César Toruño, presidente de la Junta Administrativa del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), reconoció la importancia del nuevo reglamento, pero advirtió que su aplicación choca directamente con el marco legal vigente.

"Durante años se construyó una cultura del miedo docente, donde el profesor no podía corregir, no podía sancionar y no podía ejercer autoridad sin temor a una denuncia. Ahora se pretende construir una cultura de responsabilidad estudiantil, pero sin resolver el problema legal de fondo. No se puede pedir disciplina, orden y liderazgo pedagógico si el docente sigue desprotegido jurídicamente y expuesto a procesos que lo dejan indefenso", señaló Toruño en entrevista con este medio.

Según indicó, el problema no es el reglamento como instrumento educativo, sino su convivencia con un marco legal que no distingue entre la corrección pedagógica legítima y las conductas sancionables reales.

Como respuesta, Colypro planteó una ruta basada en tres ejes: la eliminación de la Ley 9999 en la Asamblea Legislativa, la creación de protocolos de protección inmediata para el docente denunciado mientras se investiga un caso y el fortalecimiento de los centros educativos con personal especializado en gestión disciplinaria.

¿Cuáles son los cambios en el REAC para 2026?

El nuevo Reglamento de Evaluación del Aprendizaje y la Conducta (REAC) convierte a los docentes en responsables directos de la supervisión y aplicación de las normas de conducta dentro de los centros educativos.

La conducta tendrá un peso académico formal en la nota final, con una escala de 0 a 100 puntos, lo que obliga al personal docente a registrar, documentar y reportar las faltas cometidas por los estudiantes.

Todos los estudiantes iniciarán el curso lectivo con una calificación perfecta en conducta, la cual disminuirá conforme se acumulen actuaciones indebidas, clasificadas desde muy leves hasta gravísimas.

Los docentes deberán vigilar el cumplimiento de prohibiciones expresas, como el consumo de alcohol, cigarrillos y vapeadores, tanto dentro como fuera del centro educativo cuando el estudiante porte el uniforme institucional.

También estarán a cargo de aplicar los nuevos lineamientos sobre presentación personal, que restringen maquillaje, uñas artificiales, accesorios visibles, piercings y marcas corporales, con excepciones puntuales reguladas por la normativa.

El reglamento les asigna además la supervisión del uso de celulares en el aula, permitidos únicamente con fines pedagógicos y bajo autorización docente. Cualquier otro uso deberá ser registrado como falta.

Este nuevo esquema convierte a los docentes en la primera línea de aplicación del régimen disciplinario, con responsabilidades directas en el control, registro y seguimiento de la conducta estudiantil dentro del sistema educativo.

¿Qué es la Ley 9999?

Su finalidad principal es prevenir la revictimización en los procesos de denuncia, investigación y atención institucional, especialmente en casos relacionados con maltrato físico, emocional, abuso sexual, acoso, negligencia y otras formas de violencia que puedan ocurrir en el entorno educativo.

La norma establece que las instituciones deben priorizar el interés superior del menor, garantizar su dignidad, su integridad física y emocional, así como el respeto a sus derechos durante los procedimientos administrativos y disciplinarios.

Dentro del ámbito del Ministerio de Educación Pública (MEP), la ley se aplica como un marco obligatorio para la atención de denuncias contra funcionarios, definiendo el deber institucional de actuar de forma preventiva, inmediata y protectora, con énfasis en evitar la exposición innecesaria de los menores a procesos que puedan generarles daño psicológico adicional.

Sin embargo, la ley no desarrolla de forma específica mecanismos de protección jurídica, protocolos institucionales ni garantías diferenciadas para los docentes denunciados, aspecto que ha sido señalado como uno de los principales vacíos normativos y que alimenta la percepción de desprotección y vulnerabilidad laboral dentro del sistema educativo.