Docentes preocupados ante ausencia de protocolos que los protejan en casos de agresiones o denuncias falsas
Docentes del MEP expresan temor e incertidumbre tras la capacitación sobre la Ley 9999, al advertir vacíos legales, ausencia de protocolos de protección y riesgo frente a denuncias falsas
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- La capacitación nacional del MEP sobre la Ley 9999 generó preocupación entre docentes, luego de que se confirmara que no existen protocolos ni normativa específica para proteger al personal denunciado.
- Autoridades del propio MEP reconocieron que no hay mecanismos institucionales de resguardo para docentes que sufren agresiones, acoso o violencia, más allá de atención médica o psicológica externa.
- Muchos docentes señalan que la falta de reglamentos y criterios claros limita su autoridad en el aula y aumenta el temor a denuncias falsas.
Tras la primera capacitación del Ministerio de Educación (MEP) a los docentes sobre la aplicación de la Ley 9999 algo les quedó completamente claro: no existe un protocolo ni mecanismo que los proteja de una denuncia falsa y si esto les afecta su salud mental, deben recurrir al psicólogo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o en el Instituto Nacional de Seguros (INS).
Esta fue la recomendación hecha por la asesoría del MEP en la capacitación a los docentes.
La Ley 9999, aprobada en 2021, se creó con el objetivo de proteger a los menores dentro del sistema educativo, especialmente frente a situaciones de abuso, maltrato o violencia. Su propósito es garantizar que las denuncias se tramiten sin causar más daño a los estudiantes y que las instituciones actúen de forma preventiva para resguardar sus derechos.
Sin embargo, en su aplicación no se contempló el escenario de que se presente una denuncia falsa contra un educador en quien recae el tener que demostrar que no cometió una falta.
Tras la presentación realizada por Nelly Venegas Brenes, jefa del Departamento de Asuntos Disciplinarios, y Silvia Fallas Acuña, asesora legal de la Unidad de Procedimiento Administrativo del MEP, se habilitó un espacio de preguntas por parte del personal docente.
Entre las consultas leídas por la moderadora Adriana Retana Varela, destacó la interrogante sobre si existe alguna normativa, además de la Ley del Funcionario Público, que proteja al docente que sufre maltrato psicológico, acoso, agresiones o violencia.
"Sobre este tema no tenemos una normativa expresa que venga a regular, resguardar o proteger al denunciado. En este sentido, el MEP no tiene protocolos", señaló Venegas en el espacio.
Ante este escenario, la funcionaria indicó que las opciones se limitan a la atención psicológica o médica por medio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o incluso del Instituto Nacional de Seguros (INS), lo que reforzó la percepción de desprotección institucional entre los docentes.
Molestias y temor en el personal educativo
Docentes que participaron en las jornadas de capacitación manifestaron malestar por la forma en que se introdujo la aplicación de la Ley 9999, señalando que fue presentada sin una adecuada contextualización institucional, generando un ambiente de temor e incertidumbre.
El educador Jafet Mora expresó que, aunque la ley busca proteger a los menores de edad, su aplicación estaría vulnerando derechos fundamentales del personal docente, como el principio de inocencia y el debido proceso.
"Aunque se demuestre que uno es inocente, igual es culpable con la Ley 9999", señaló Mora, al considerar que la normativa transforma la duda en un criterio sancionatorio.
Otro de los señalamientos es la ausencia de un reglamento que regule su aplicación. A casi cinco años de su promulgación, advierte que no existen lineamientos claros ni criterios unificados, lo que ha derivado en resoluciones individuales y aplicaciones caso a caso por parte de las autoridades disciplinarias.
Mora también indicó que muchos docentes se sienten limitados para corregir conductas, intervenir en conflictos o ejercer autoridad pedagógica, por el temor constante a ser denunciados, lo que impacta directamente el ejercicio cotidiano de la docencia.
A esto se suma la preocupación por la falta de mecanismos de protección jurídica ante denuncias falsas y la percepción de inacción por parte de organizaciones sindicales, lo que ha profundizado la sensación de vulnerabilidad e inseguridad laboral.
La discusión incluso se trasladó a redes sociales. El docente e influencer Alonso Cerdas publicó un video en TikTok en el que aparece amarrado de manos y amordazado, acompañado del mensaje: "Los profes después de ver la capacitación sobre la Ley 9999".
"Como dirían en el Chapulín Colorado: y ahora, ¿quién podrá defendernos? La docencia se empieza a sentir como practicar un deporte de alto riesgo, realmente hasta miedo da. No sé si solo yo me sentí así", expresó Cerdas.
Un contexto de violencia y miedo a la denuncia
La percepción de desprotección se enmarca en un contexto más amplio. Según el Estudio sobre las Condiciones y Desafíos de los Docentes y del Magisterio Nacional, elaborado por Colypro, la mitad del personal docente afirma haber sufrido agresiones verbales o físicas por parte de estudiantes o familiares durante el 2025.
Además, el 85 % de los docentes asegura conocer al menos a un colega que ha sido víctima de violencia física o emocional en el entorno educativo.
El estudio también revela un fuerte componente emocional: el temor a ser objeto de denuncias falsas. La mitad de los docentes señala sentir este temor de forma frecuente, un 41 % de manera ocasional y solo un 9 % afirma no sentirlo nunca.
¿Qué es la Ley 9999?
Su finalidad principal es prevenir la revictimización en los procesos de denuncia, investigación y atención institucional, especialmente en casos relacionados con maltrato físico, emocional, abuso sexual, acoso, negligencia y otras formas de violencia que puedan ocurrir en el entorno educativo.
La norma establece que las instituciones deben priorizar el interés superior del menor, garantizar su dignidad, integridad física y emocional, así como el respeto a sus derechos durante los procedimientos administrativos y disciplinarios.
Dentro del ámbito del Ministerio de Educación Pública (MEP), la ley se aplica como un marco obligatorio para la atención de denuncias contra funcionarios, definiendo el deber institucional de actuar de forma preventiva, inmediata y protectora, con énfasis en evitar la exposición innecesaria de los menores a procesos que puedan generarles daño psicológico adicional.
Sin embargo, la ley no desarrolla de forma específica mecanismos de protección jurídica, protocolos institucionales ni garantías diferenciadas para el personal docente denunciado, aspecto que ha sido señalado por educadores como uno de los principales vacíos normativos y que alimenta la percepción de desprotección y vulnerabilidad laboral dentro del sistema educativo.