Distorsión tributaria en venta de cemento negó millones de colones a Puntarenas
Proyecto de ley que dormita en el Parlamento acabaría con problema al generalizar impuesto de un 5% sobre producción nacional e importación de cemento
(CRHoy.com).- A Puntarenas se le esfumaron cientos de millones de colones en tan solo un año por no haber podido cobrar un impuesto de un 5% sobre la venta de cemento en bolsa y a granel.
Desde agosto del 2018 entró en funcionamiento en el cantón de Esparza la planta de la firma Plycem, que produce el cemento marca Fortaleza. Las instalaciones tienen una capacidad instalada de producción de 250.000 toneladas anuales.
La venta de esa cantidad de producto podría haber generado hasta ¢1.125 millones en impuestos en el último año si hubiera operado a su capacidad máxima. La estimación la confirmó el alcalde de ese cantón, Asdrúbal Calvo.
Lo que no tiene Puntarenas es un espacio en la Ley N.° 6849, de Impuesto al Cemento. Esa norma, que entró en vigencia en 1983, solo permite el cobro de un 5% sobre la venta de cemento en las provincias de Cartago, San José y Guanacaste.
Y aunque en la Asamblea Legislativa hay un proyecto que vendría a erradicar la distorsión este sigue engavetado, sin mayores avances, desde que el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, pidió al Gobierno pasado restarle su apoyo.
El freno solicitado por Bolaños persiste y hoy son pocas las fracciones legislativas que adelantan su respaldo al proyecto N.° 19.732, "Ley de impuesto del 5% sobre la venta y autoconsumo de cemento, producido en el territorio nacional o importado, para el consumo nacional", que se presentó a la corriente legislativa desde el 2015.
La propuesta generalizaría el cobro del impuesto a la venta de cemento a todo el territorio nacional, además de cobrar un 5% sobre la importación de esa materia prima para la construcción, generando más ingresos para el Estado.
Si ese proyecto hubiera estado en vigencia como Ley de la República, Esparza hubiera gozado de un 25% de los recursos recaudados por la operación de la planta de Plycem y el restante 75% de ese dinero se hubiera distribuido en partes iguales en los restantes diez cantones de la provincia de Puntarenas.
La iniciativa también prohíbe que esos recursos recaudados se usen para cubrir gastos administrativos de los municipios y determina se deben invertir específicamente en infraestructura o planes de gestión ambiental, lo cual contribuiría con la reactivación económica de la zona.
En cuanto a la distribución de los ingresos producidos por la importación de cemento, la propuesta indica que la Tesorería Nacional distribuirá un 15% de forma igualitaria entre todas las federaciones municipales del país para que los inviertan en proyectos y programas de beneficio regional.
El restante 85% de lo que genere el tributo se distribuirá entre aquellos gobiernos locales a los que se les hayan girado recursos recaudados por el impuesto a la producción del cemento nacional de acuerdo con el porcentaje que recibieron por la venta.
A pesar de los beneficios del proyecto para las arcas del régimen municipal, ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento lo tienen en su radar. De hecho, hay una amenaza latente de que la propuesta se archive en octubre entrante, cuando vence el plazo de cuatro años que tiene la Asamblea Legislativa para someterlo a votación.
Es tal el rechazo que existe al tema de gravar la importación del cemento y crear un impuesto territorial sobre su producción que el diputado puntarenense, Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana, presentó un nuevo proyecto de ley para reformar la Ley N.° 6849.
Su iniciativa no tiene alcance nacional ni grava la importación de cemento. Solamente procura incluir a Puntarenas en la lista de provincias que cobran un 5% de impuesto sobre la producción de la materia prima.
Cascante reconoció a CRHoy.com que decidió dejar por fuera de su propuesta el impuesto a la importación de cemento por ser ese un "tema polémico" y con el afán de no contaminar políticamente su proyecto de ley.
El alcalde esparceño dijo que su municipalidad está de acuerdo con la iniciativa y que inclusive ha discutido el compromiso de utilizar los dineros del tributo con el único fin de realizar obras y proyectos de beneficio general para el cantón, como lo propone el proyecto N.° 19.732.
La región Pacífico Central, donde está enclavado el cantón de Esparza, es la zona más pobre del país, con una incidencia de pobreza total de un 29,9% y de un 8,9% de pobreza extrema en el 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).
Datos del Instituto dibujan un panorama deprimente para la generación de empleo en la región. La cantidad de desempleados aumentó en un 64% en el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2016 y el primero del 2018. En ese lapso la cantidad de personas sin ocupación pasó de 10.363 a 17.037. En el 2016 la tasa de desempleo de la región fue de un 14,2%.
Las presiones de Bolaños
Apenas un mes después de que la propuesta de ley N.° 19.732 ingresó a la corriente legislativa, en noviembre del 2015, el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018), recibió la solicitud directa de Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino bajo la marca Sinocem, para que el proyecto de ley no contara con el beneplácito de Casa Presidencial.
El importador se reunió el 2 y el 4 de noviembre del 2015, en la sede del Poder Ejecutivo en Zapote con el entonces viceministro de la Presidencia para Asuntos Legislativos de Solís, Luis Paulino Mora, a quien le solicitó que el Gobierno frenara el avance del proyecto durante el periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (en el que Casa Presidencial controla la agenda de trabajo de los diputados) comprendido entre diciembre de ese año y abril del 2016.
En esa gestión de alto nivel, el importador contó con el apoyo político de Víctor Hugo Morales Zapata, quien entonces era diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC).
Hoy Morales enfrenta una acusación penal por presunto tráfico de influencias en favor de Bolaños, quien por su parte está en arresto domiciliario mientras la Fiscalía lo investiga por cuatro supuestos delitos ocurridos durante el caso del cementazo.
Se le investiga por haber obtenido de manera supuestamente irregular $30 millones en créditos girados por el Banco de Costa Rica (BCR) para financiar la importación de cemento, dinero que no se habría utilizado para tal fin.