Directora de Policía de Control Fiscal designada por Chaves no cumpliría requisitos
Diputado denunció a la Fiscalía y pidió investigar posible nombramiento ilegal
Katherine Tenorio Ruiz, designada por el ministro Rodrigo Chaves como directora de la Policía de Control Fiscal (PCF), no cumpliría con el requisito de ostentar un rango policial para ocupar ese cargo, según una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General en la que se solicita investigar un eventual nombramiento irregular.
La denuncia, presentada por el diputado del Frente Amplio Antonio Trejos, sostiene que la designación evadió deliberadamente el requisito legal de contar con un rango policial mínimo, lo que, además, podría configurar el delito de abuso de autoridad.
El señalamiento se fundamenta en la Ley General de Policía. Allí se establece que los directores de los cuerpos policiales deben ostentar, como mínimo, el grado de comisionado de policía. En el caso de los subdirectores, el requisito mínimo es el grado de comandante.
No obstante, según la denuncia, Chaves y la presidenta Laura Fernández habrían impulsado una secuencia de actos administrativos para dejar sin efecto práctico ese requisito legal.
De acuerdo con el documento, el Poder Ejecutivo recurrió a la potestad del reglamento para sortear el obstáculo que impedía el nombramiento de Tenorio. El mecanismo consistió en la emisión del Decreto Ejecutivo N.° 45832-H, firmado por la mandataria y el ministro de Hacienda.
Mediante ese decreto se adicionaron dos artículos al Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección de la Policía de Control Fiscal. Las nuevas disposiciones introdujeron una excepción al establecer expresamente que el nombramiento del director "no requerirá la posesión de grados policiales".
Apenas trece días después de emitido el decreto, el 22 de junio de 2026, el Ministerio de Hacienda anunció el nombramiento de Katherine Tenorio como nueva jefa policial fiscal.
Según la denuncia, la secuencia de hechos no constituye una coincidencia aislada, sino que evidenciaría actuaciones orientadas a facilitar un nombramiento prescindiendo de un requisito legal obligatorio.
El documento también plantea que estas actuaciones irrespetan el principio de legalidad y de reserva de ley consagrado en la Constitución Política, el cual establece que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y solo pueden realizar los actos que la ley les autoriza.
Al tratarse de un requisito establecido mediante una ley formal, la modificación o eliminación del grado policial corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa y no puede realizarse mediante un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo.
En este caso, sostiene la denuncia, el decreto habría excedido esos límites al eliminar un requisito legal indispensable para ejercer la dirección de un cuerpo policial.
En Hacienda sabían
Uno de los aspectos más relevantes señalados en la denuncia es que el Ministerio de Hacienda tenía pleno conocimiento de que el grado policial era un requisito de acatamiento obligatorio. La propia institución lo había reconocido formalmente en el "Manual Institucional de Clases de Puestos de la Policía de Control Fiscal", en su versión de julio de 2025.
En ese manual, al definir el puesto de subjefatura, se establecía expresamente como requisito legal: "Ostentar como mínimo el grado de comandante (artículo 65 de la Ley General de Policía)".
Según el denunciante, ello demuestra que, antes de la emisión del decreto, la administración interpretaba que el grado policial constituía una exigencia legal ineludible y no una condición susceptible de ser dispensada mediante un reglamento.
A ello se suman diversos criterios jurídicos de la Procuraduría General (PGR). En al menos cinco dictámenes y pronunciamientos, la institución determinó que los directores y subdirectores de los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo deben ostentar obligatoriamente los grados mínimos exigidos por la ley, sin posibilidad de eximir ese requisito por vía reglamentaria.
Uno de esos dictámenes, emitido en 2021, respondió a una consulta formulada por el propio Ministerio de Hacienda, que preguntó si el requisito del grado policial era aplicable a los jerarcas de todos los cuerpos policiales bajo su competencia.
La Procuraduría respondió afirmativamente y reiteró que las normas legales no pueden ser modificadas ni derogadas mediante reglamentos ejecutivos. Para el denunciante, este antecedente demuestra que las autoridades de Hacienda conocían la eventual ilegalidad de la reforma reglamentaria que posteriormente promovieron.
En la denuncia se solicita abrir una investigación para esclarecer las eventuales responsabilidades penales de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y de cualquier otro funcionario que haya participado en la redacción, revisión, aprobación o tramitación del decreto cuestionado, así como en el nombramiento de Tenorio Ruiz.
Como parte de las diligencias, el diputado solicita al fiscal general, Carlo Díaz, requerir al Ministerio de Hacienda el expediente administrativo completo relacionado con la elaboración del decreto, incluidos borradores, criterios jurídicos internos, memorandos, minutas y estudios técnicos.
Respecto del nombramiento, también pide incorporar el expediente de designación de Tenorio y requerir una certificación sobre si la funcionaria ostentaba el grado de comisionado al momento de asumir el cargo, la fecha en que lo obtuvo y la autoridad que se lo confirió.
Según el comunicado emitido por Hacienda el pasado 22 de junio, Tenorio se ha desempeñado como investigadora fiscal en la PCF, criminóloga de la Dirección de Inteligencia Tributaria, asesora jurídica en el Viceministerio de Telecomunicaciones y asesora en el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública.
Sin embargo, en el anuncio oficial no se indica que ostente un rango policial. Este medio la contactó por medio de WhatsApp para conocer su posición sobre la denuncia, pero no respondió. Presidencia y el Ministerio de Hacienda tampoco se han referido al tema.