Director del BN confirma llamada por caso Tradeco de Amador y secretaria de Chaves, hoy candidata del PPSO
Alejandro Acón, director corporativo del Banco Nacional (BN) confirmó una llamada en el 2023 por parte del entonces ministro de Transportes, Luis Amador, y de la secretaria de Rodrigo Chaves, Yara Jiménez, hoy candidata a diputada de Pueblo Soberano (PPSO) por Cartago, para solicitar información sobre un seguro de caución para la empresa mexicana Tradeco, investigada por nexos con grupo narco.
Esto durante su audiencia ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que investiga las supuestas presiones del mandatario Rodrigo Chaves para que se le otorgara un seguro de caución o una garantía de cumplimiento a Tradeco para la realización de las obras de Barranca-Limonal.
"En ese contexto, el señor Luis Amador en su calidad de ministro me contactó y me pidió que atendiera a las empresas Chec y Tradeco con el objetivo de que les explicara cuáles eran los requisitos técnicos y las normas que cualquier cliente debe tener para obtener una garantía de cumplimiento por parte del Banco, con el interés de adquirir eventualmente el contrato de la ruta Barranca-Limonal.
Atendiendo la solicitud del ministro Amador me reuní representantes de Chec con el fin de informar sobre los requerimientos técnicos y normativas que debían cumplir para obtener la garantía de cumplimiento con el Banco. Meses después, atendí a los representantes de Tradeco con el mismo din de informar (…) Quiero ser enfático en que estas reuniones fueron de carácter informativo y no implicaron aprobación ni compromiso alguno".
"Posterior a recibir a los representantes de Chec y de Tradeco, recibí una llamada del entonces ministro Amador solicitándome que le explicara lo que había conversado con la empresa Tradeco. Posterior que comenté estos hechos el señor Amador me indicó que iba a informar al Consejo de Gobierno sobre la reunión con Tradeco y me dijo que estuviera dispone entre las cinco y seis de la tarde con el fin de informar lo que se explicó a Trdeco".
"En la hora indicada recibí la llamada por parte del ministro Amador y me dijo que se encontraba en el Consejo de Gobierno y que me pondría en altavoz para que pudiera explicar lo que se le indicó a la empresa Tradeco en relación a los requisitos. El señor indicó que al otro lado del teléfono se encontraban varias personas, pero me señaló explícitamente que me estaba escuchando la señora Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno. Procedí a detallar por teléfono la reunión con Tradeco que a los representantes se informó cuáles eran los requisitos técnicos que debían cumplir para obtener la garantía de cumplimiento con el banco para la obra Barranca-Limonal".
"Al otro lado del teléfono la señora Yara Jiménez me agradeció la información, indicándome que todo le quedaba claro y que iba a informar al Consejo de Gobierno. Esa fue la única comunicación que tuve con el Consejo de Gobierno".
Posterior a estas declaraciones, los diputados de Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero, Francisco Nicolás y Katherine Moreira, cuestionaron la intromisión de Jiménez en este caso y otros también mediáticos, como los del nombramiento de la ahora Junta Directiva destituida del Banco Nacional.
Moreira señaló que la secretaria de confianza de Chaves guarda un "silencio cómplice" y que como premio le otorgaron, según dijo, una candidatura para otorgarle inmunidad eventualmente.
En alusión a los hechos narrados, los diputados de la comisión aprobaron una moción para citar en audiencia a la secretaria de Rodrigo Chaves.
Amador señala a Chaves
En octubre de 2025, el exministro Amador afirmó en la comisión que el presidente Rodrigo Chaves llamó al director corporativo Acón para pedirle que se le otorgara una póliza de garantía de cumplimiento a la empresa mexicana Tradeco, con el fin de que esta pudiera hacerse cargo del contrato de obras en la ruta Barranca Limonal. Chaves hizo la solicitud al banco del Estado, debido a que Tradeco no cumplía con la solvencia económica para asumir el proyecto, que era requerida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Una póliza de garantía es un contrato de seguro que respalda el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato, protegiendo al beneficiario en caso de incumplimiento por parte del oferente.
El BID, financista del proyecto, exigía una garantía de cumplimiento de $18 millones. Tradeco no la cumplía por lo que trató de justificarla con la construcción de una cárcel en El Salvador, pero el BID lo rechazó. Luego de esto, Chaves hizo la solicitud al Nacional para que se la otorgara, según la declaración de Amador.
"El BID exigía una garantía de cumplimiento de $18 millones, entonces el presidente llamó del celular de él a Alejando Acón del Banco Nacional, y le dice que necesita que le ayude para que a Tradeco tenga una póliza por el monto para garantía de cumplimiento, el banco dijo que no se podía porque la empresa no tenía la capacidad financiera para la garantía de cumplimiento que se requería", señaló Amador.
El proyecto
El proyecto forma parte de la ampliación de la carretera Interamericana Norte e incluye dos tramos. Ambos trabajos suman un valor de $182.572.060 cuyo financiamiento está a cargo del BID.
Las obras fueron entregadas al consorcio H-Solís-La Estrella pero, por intermediación de Chaves, el consorcio le entregó el proyecto a Tradeco tras el pago de un finiquito de $14 millones.
Amador, como jerarca del MOPT, estuvo involucrado en los movimientos para definir el futuro del contrato, razón por la cual fue citado como testigo por el Ministerio Público.
Amenaza al BID
En apariencia, Chaves intentó por diversas vías adjudicar ese contrato a Tradeco, al punto de realizar llamadas molesto y exigir que se direccionara la obra a la compañía mexicana.
"Debido a que el BID dijo que a Tradeco no le daba la capacidad financiera, el presidente furioso los llama diciéndoles que les tenía que dar. Debido a esto se hizo una reunión en la que estaban todos, Hernán Solís, Roberto Acosta Mora, Francisco Javier Urra del BID y otras personas más, de Tradeco estaba Yves (Yves Loustalot Laclette) no recuerdo si Jaime estuvo (Jaime Rivera). El presidente exigió gritando y golpeando la mesa que le tenía que dar a Tradeco, refiriéndose a que la valoración del BID tenía que salir positiva. La gente del BID le dijo que iban a revisar qué se podía hacer y que iban a regresar con una propuesta. Pocos días después, igual a finales del 2022, el BID cambia de criterio y pide garantías", mencionó Amador.
Después fueron al INS
Ante la negativa del Banco Nacional, Chaves, en apariencia, buscó ejercer la misma presión en el Instituto Nacional de Seguros (INS), por medio de su entonces presidenta ejecutiva, Mónica Araya.
En la investigación contra Chaves por peculado, Araya también figura como testigo. Supuestamente, el mandatario le habría solicitado una garantía de cumplimiento a favor del Grupo Tradeco, pese a que la empresa no reunía los requisitos para ese trámite.
"Hubo presiones del presidente para que Mónica otorgara la póliza que ocupaba Tradeco, como esto no se dio, hubo molestia del presidente hacia ella. Cabe indicar, que yo le dije al presidente que la empresa CHEC estaba disponible y cumplía con lo necesario, pero el presidente no quiso, fue negativo al respecto", añadió Amador ante la Fiscalía.
Araya fue despedida por Chaves en mayo de 2024, cuando el mandatario argumentó una "pérdida de confianza", además de un "desempeño negativo" y "supuestas malas intenciones".
"Yves Loustalot Laclette (representante de Tradeco), le dice al presidente en una reunión en la que yo estuve, que hay otra opción que podía ser con el INS a través de una póliza de caución para Tradeco, el presidente llamó a Mónica y la pone en altavoz, ella dice que le envíen los documentos para analizar. Sin embargo, igual no le daba a la empresa. Pasaron unos días, Mónica le dijo al presidente que no era procedente la póliza de caución, ella le dice que había una forma si ellos daban un 10% (colateral o efectivo), le advirtió que la Junta Directiva del INS tenía que aprobarlo. Tanto Mónica como yo hablamos y concluimos que a la empresa no le daba por ninguna parte. La Junta Directiva del INS dijo que no se aprobaba la póliza de caución. Luego de todo esto se hizo una comisión de resolución de conflictos para finiquitar con el consorcio H Solís-La Estrella, con el fin de determinar lo que se debía pagar a la empresa", detalló Amador.
De acuerdo con la declaración de Araya ante el Ministerio Público, ella explicó al presidente que el INS no podía otorgar una garantía económica a Tradeco. No obstante, Chaves insistió mediante llamadas telefónicas y, en varias ocasiones, se mostró molesto.
Incluso le facilitó a Araya el número telefónico del representante de la constructora para que funcionarios del INS lo contactaran y le enviaran documentación con el fin de analizar el caso.
La insistencia y presión del presidente ocurrieron hacia finales de 2022 y durante varios meses de 2023. El testimonio de Araya fue rendido a inicios de 2025, cuando compareció como testigo en la investigación por presunto peculado.
En diciembre del año anterior, Araya acudió al mismo foro legislativo, donde dio detalles sobre las llamadas del mandatario. Incluso aseguró que Chaves, al ella comunicarle que el BID no dio el visto bueno debido a que Tradeco no contaba con las condiciones financieras para asumir la obra, le gritó y le dijo que debía resolver la situación: "Vea a ver cómo hace para lograrlo", señaló el mandatario.
Manejo irregular del Banco Nacional
Chaves Robles también figura en una causa penal por prevaricato, debido a los recientes movimientos en la junta directiva del Banco Nacional, ejecutados por el Consejo de Gobierno que él preside.
CR Hoy informó este miércoles sobre la apertura de una investigación, bajo la causa 25-000067-0033-PE, por posibles irregularidades cometidas por el Poder Ejecutivo al destituir a la cúpula de la entidad financiera pública y sustituirla por otra que no cumplía con todos los requisitos legales.
El 28 de mayo anterior, la Presidencia y el Consejo de Gobierno destituyeron a siete directivos mediante un procedimiento disciplinario cuestionado. El entonces vicepresidente Stephan Brunner promovió la destitución por el desacuerdo del Gobierno con el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del Banco Nacional, efectuado el 3 de septiembre de 2024.
El Ejecutivo ejecutó las destituciones sin contar con el informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), requisito establecido en la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Ese mismo 28 de mayo, tras cesar a los exdirectivos, el Consejo de Gobierno nombró una junta directiva temporal, juramentada por Chaves en menos de dos horas. Seis de esos miembros fueron ratificados de forma definitiva el 21 de agosto.
No obstante, la Sala Constitucional ordenó el pasado 10 de octubre reinstalar a los siete exdirectivos removidos, al acoger varios recursos presentados contra el actuar del Gobierno, y dispuso su restitución inmediata.
El delito de prevaricato se configura cuando un funcionario judicial o administrativo dicta resoluciones contrarias a la ley o las fundamenta en hechos falsos. También aplica cuando, a sabiendas o por ignorancia injustificable, incumple los deberes de su cargo.
La sanción por este delito contempla penas de prisión de dos a quince años. Sin embargo, en el trámite de la causa podrían determinarse otros delitos, dada la magnitud de las irregularidades en los nombramientos de los sustitutos.