Director de colegio en Cartago deberá enfrentar juicio tras ser acusado de violar a profesora

Un funcionario del Ministerio de Educación Pública (MEP), de apellido Evans, quien laboró como director del Colegio Técnico Profesional de Dulce Nombre de Cartago, deberá enfrentar un juicio tras ser acusado de violar a una profesora de la institución en horario laboral.

El caso fue asumido por la Fiscalía Adjunta de Género de Cartago, bajo el expediente 23-002655-0058-PE, luego de que la víctima denunciara, hace dos años, los presuntos ataques sexuales ocurridos dentro de la institución donde ambos trabajaban.

En el avance del proceso, el Ministerio Público había determinado que no existían pruebas suficientes para juzgar al director, por lo que solicitó al Juzgado Penal de Cartago un sobreseimiento definitivo en favor del denunciado.

No obstante, Gregorio Briglia, abogado de la joven, apeló dicha solicitud con base en las pruebas que había aportado, y los jueces de esa dependencia tomaron la decisión final de elevar el caso a juicio, cuya fecha deberá definirse.

"Pese a las denuncias que realizó mi representada ante la Fiscalía de Género de Cartago, el Ministerio Público solicitó un sobreseimiento definitivo y fue por el impulso que esta representación como querellante y acción civil le dio a la causa, hemos logrado ir a defender el honor, los intereses y los derechos de mi representada a un juicio oral y público, en donde estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, por un delito de violación que se cometió contra ella.

Ella pasó por un proceso tortuoso, psicológicamente está muy dañada, tanto así que fue jubilada por el MEP como consecuencia de este vejamen sexual", explicó.

Por su parte, Raymundo Pérez, defensor de Evans, expuso en la apelación ante esa instancia que no existían fundamentos suficientes para que el caso continuara su curso hacia la siguiente etapa. No obstante, el juzgado determinó que debía avanzarse hacia un juicio contra el director.

"El fundamento por el que se eleva a juicio adolece falta de fundamentación intelectiva, porque señala que el abordaje del Ministerio Público fue parcial lo cual consideramos es todo lo contrario. No se hace un análisis de toda la prueba, existe prueba técnica que discute un eventual abordaje de las manifestaciones de la víctima. No corresponde la manifestación de la jueza de que por ser la piedra angular la ofendida, debe superar la etapa intermedia a toda costa. En ese caso habría que evitar la etapa intermedia en todos los casos sexuales, además en caso de personas adultas no se valora de esa forma. Este testimonio debe ponerse en duda, tal como lo hizo ver el Ministerio Público en su solicitud de sobreseimiento", argumentó.

La denunciante agradeció que su caso no quedara en un sobreseimiento, lo cual —asegura— habría significado impunidad para una persona que le causó mucho daño, sumado a los traspiés que ha sufrido desde que interpuso la denuncia.

"El proceso ha sido sumamente revictimizante, agotador. La denuncia no se tramitó el mismo día, sino casi 16 días después, porque me presenté a consultar por mi caso.

Desde el inicio me he sometido a varias intervenciones con diversos profesionales en el área de la salud y salud mental. Llegué a ingerir hasta 22 pastillas diarias, tuve varios intentos de autoeliminación, estuve en una depresión mayor, duré varios meses sin salir de casa. Tuve que cambiar de lugar de residencia en tres ocasiones, pues fui señalada e invisibilizada por mis compañeros de trabajo y colegas del área de Cartago", relató la joven.

Además, comentó que tuvo que lidiar con la burocracia del Instituto Nacional de Seguros, la Dirección Regional del MEP de Cartago, la Asesoría Regional de Orientación, el Colegio de Orientadores, la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras instituciones.

"El MEP me reubicó en tres instituciones diferentes, porque ninguna aceptaba tener a una persona víctima de una violación. Terminé siendo declarada inválida por la Comisión Calificadora de la CCSS, debido a un trastorno de estrés postraumático, y se me aprobó la pensión por invalidez."

La víctima añadió que existe un peritaje actuarial matemático, realizado en octubre de 2023, en el cual un perito señaló daños morales por ¢83 millones de colones.

¿Qué pasó?

La mujer relató en la denuncia que los hechos ocurrieron el 9 de junio del 2023, cuando ella ingresó a la oficina de Evans porque ella quería exponerle su malestar ante lo que percibía como un clima organizacional nada agradable y que había situaciones irregulares en el manejo de la dirección.

"(…) cerró la puerta y me empezó a besar en la boca y el cuello a la fuerza, yo le dije que qué le pasaba, que me iba a retirar y él me dijo que yo no iba a ir a ningún lado, me agarró fuerte del brazo, se bajó sus pantalones, no andaba ropa interior y me hizo hincarme en el piso", relató la mujer.

Según el expediente judicial, en ese momento la habría obligado a hacerle sexo oral, acto por el que ella aseguró tener mucho asco y dolor debido a que tiene un aparato de ortodoncia.

Seguidamente, en apariencia el presunto agresor "me puso de pie y me volvió y quedé de espaldas a él, y me bajó el pantalón y la ropa interior y me tiró hacia una mesa que está cerca del televisor de las cámaras". La narración de hechos indica que en ese momento se consumió una penetración.

Por estos hechos, Evans fue detenido hasta el 5 de julio a las 3 p.m., es decir, casi un mes después de lo ocurrido, no obstante, fue puesto en libertad con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva.