Director de Aviación Civil se niega a responder sobre reparaciones de pista de Liberia
Marcos Castillo Masís, director general de Aviación Civil
El titular de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Marcos Castillo Masís, se negó a responder las consultas de los diputados sobre los trabajos de reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia. Dicho proyecto está vinculado al caso Pista Oscura, en el que se investigan presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Rodrigo Chaves.
La situación se dio este lunes durante su comparecencia ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, donde se le cuestionó sobre el proceso de rehabilitación de la pista, obra que fue incluida en un decreto de emergencia tras el paso de la tormenta Bonnie, aunque posteriormente se descartó que los daños fueran consecuencia del fenómeno natural.
Castillo afirmó que, debido a la investigación en curso y a su condición de imputado, se acogió a su derecho constitucional de abstenerse de declarar. Señaló que los alcances del caso abarcan todos los aspectos relacionados con el proyecto, como parte de una medida cautelar.
Ante las consultas de los legisladores el directivo respondió:
"No puedo referirme al tener que ver con el tema de la pista (de Liberia)".
Antecedentes: el caso Pista Oscura
El pasado 13 de mayo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cuatro altos jerarcas y exjerarcas vinculados con la rehabilitación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber.
Los aprehendidos fueron Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes; Henry Villalobos, fiscal de la CNE; y Marcos Castillo, director de Aviación Civil.
La investigación se originó tras la declaratoria de emergencia por la tormenta Bonnie, el 1 de junio de 2022. Un año después, el Gobierno incluyó al cantón de Liberia en el decreto, alegando daños severos en la pista del aeropuerto. Sin embargo, la Fiscalía General determinó que los daños eran anteriores al paso de la tormenta.
La inclusión permitió que las obras se adjudicaran por vía de excepción, sin los controles habituales de la Contraloría General de la República. La empresa MECO recibió el contrato por $39,9 millones, pero el monto resultó insuficiente, lo que obligó a solicitar un préstamo adicional al BCIE.
Según el fiscal general Carlo Díaz, los ingenieros a cargo concluyeron que el rediseño no aportaba valor ni beneficios a la Hacienda Pública.
El caso involucra además a exjerarcas como Luis Amador, exministro del MOPT; Natalia Díaz, exministra de la Presidencia; y Fernando Naranjo, exdirector de Aviación Civil, quienes son investigados, pero no figuraron entre los detenidos.
El presidente Rodrigo Chaves también figura como sospechoso, aunque en una causa separada.
Los delitos bajo investigación son tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos, bajo el expediente 24-000454-1218-PE.