Directivos de Asosejud se aprobaron créditos en condiciones más favorables que asociados
La junta de la Asociación Solidarista de Empleados del Poder Judicial (Asosejud) concedió entre sus propios directivos préstamos que sumaron ₡1.035 millones, con condiciones más favorables que las ofrecidas al resto de los asociados, según explica el expediente judicial.
Entre los beneficios que se aprobaron los directivos están: tasas de interés mucho más bajas, modificaciones en las cuotas mensuales y plazos más largos para pagar.
Estas operaciones se otorgaron sin las garantías exigidas y fuera de los parámetros y requisitos normativos de la asociación.
Siete directivos concentraron préstamos por ₡1.034.771.574, entre ellos su presidente, Parris Quesada. Las tasas de interés aplicadas a los directivos oscilaban entre el 1,5% y el 10% anual, muy por debajo de las establecidas en el reglamento de crédito, cuyos topes ordinarios van del 8% al 20%, según la línea de crédito.
Del saldo total concentrado en los directivos, ₡903 millones se otorgaron con tasas de interés de entre el 1,5% y el 7%. Además, el 71% del total se concedió con tasas de entre el 1,5% y el 4% anual, según la documentación. Además, al parecer, se autorizaron plazos excesivos que superaban los límites reglamentarios.
Quesada y la secretaria de apellido Conejo obtuvieron créditos con plazos de 300 meses, es decir, 25 años. Por su parte, el vicepresidente de apellido Ovares habría obtenido un crédito prendario que superaba el plazo máximo permitido de 10 años.
Además, el préstamo excedía el monto máximo de ₡25 millones y se concedió a una tasa preferencial del 4%, en lugar del 12% estipulado. Los investigadores también detectaron modificaciones repentinas en las transacciones.
En febrero de 2026, los registros crediticios de la fiscal, de apellido Rojas, pasaron de 20 a 11 operaciones. Aunque mantuvo una deuda superior a los ₡219 millones, su cuota mensual disminuyó de ₡1,7 millones a ₡1,3 millones.
El cambio más extremo ocurrió en un préstamo por ₡75 millones, cuya tasa de interés bajó repentinamente del 10% al 1,5% anual en solo 24 horas, detalla el expediente judicial.
En el caso de la tesorera, de apellido Loría, en un lapso de cinco días —del 25 al 30 de junio de 2026—, sus créditos vigentes pasaron de nueve a 12 operaciones, mientras que su saldo aumentó de ₡79,6 millones a casi ₡91 millones.
El expediente del caso también revela que, presuntamente, el gerente general de la asociación, Mauricio Villalta, entregó pagarés suscritos por el presidente sin que dichas operaciones estuvieran debidamente canceladas.
Se localizaron 31 pagarés físicos a nombre de Quesada que no tienen correspondencia en el historial crediticio del sistema informático. También se encontraron pagarés con números identificadores duplicados que respaldaban obligaciones distintas.
Por ejemplo, un pagaré emitido en mayo de 2017 por ₡82 millones compartía el mismo número con otro pagaré de julio de 2018 por ₡80,6 millones.
Otros directivos también recibieron créditos:
- Quesada (presidente): cinco créditos activos por ₡189.618.037, de los cuales tres tienen una tasa de interés del 4%.
- Ovares (vicepresidente): siete operaciones por ₡197.825.749. Destacan un crédito de más de ₡88 millones al 4% y otro de más de ₡83 millones al 6%.
- Conejo (secretaria): 16 operaciones por ₡101.379.603, con tasas de entre el 4% y el 6%, incluido un crédito de ₡42 millones al 4%.
- Calvo (director 1): 11 operaciones por ₡99.446.529. Dos de los créditos más altos, por ₡68 millones y ₡33 millones, se fijaron a una tasa del 4%.
- Montes (directora 2): cuatro operaciones por ₡51.887.710, con tasas de entre el 8% y el 10%.
- Ocampo (directora 3): 16 operaciones por ₡34.507.427, con tasas de entre el 7% y el 15%, así como 62 registros históricos de créditos cancelados.
Foto: Google Street View.
Perjuicio
En una resolución del Juzgado Penal de San José, un juez señaló que esta situación provocó un evidente "margen de intermediación negativo" para Asosejud.
Según el documento, los asociados, mediante sus aportes y rendimientos, estarían financiando créditos "absurdamente beneficiosos" para los miembros de la junta directiva, cuyas tasas de interés se alejan por completo de las condiciones del sistema bancario nacional.
El documento explica que el daño económico puede cuantificarse mediante una comparación entre los intereses que pagaron los directivos con tasas preferenciales —por ejemplo, del 4%— y los ingresos que la asociación dejó de percibir al no aplicar las tasas ordinarias establecidas en el reglamento.
Una fiscal de apellido Fallas no habría resultado beneficiada de la misma manera. A diferencia de los otros directivos, las pruebas indican que no recibió un beneficio crediticio indebido. Registra un único crédito con un saldo de ₡5,7 millones y una tasa de interés anual del 15%, dentro de los límites ordinarios.
Su vinculación con las presuntas irregularidades crediticias no sería por acción, sino por omisión. En su condición de fiscal, tenía obligaciones de vigilancia y control, y se presume que conocía las irregularidades de los demás miembros, pero no las denunció, advirtió sobre ellas ni las objetó.
En el caso del vicepresidente, además de sobrepasar el monto y el plazo permitidos en un crédito prendario, el documento señala en un cuadro resumen que accedió a la tasa correspondiente al Crédito de Readecuación Social (CRS), pese a que no le correspondía esa línea de crédito.
El juzgado recalca que los imputados, entre ellos la secretaria, utilizaron su conocimiento de los reglamentos internos y de los acuerdos de la junta directiva para actuar con pleno conocimiento de que las tasas preferenciales concedidas contravenían las condiciones reglamentarias y podían ocasionar un perjuicio económico.
El caso se investiga al menos desde agosto. Hace cinco días, un juez ordenó separar del cargo durante un año a los directivos y funcionarios de apellidos Quesada, Ovares, Loría, Conejo, Calvo, Montes, Ocampo, Fallas, Rojas y Villalta.
Se investigan además presuntas irregularidades con la construcción de un edificio y la adquisición de bienes y servicios, en perjuicio de la asociación.