Open English: Diputados reprochan uso de Racsa en el gobierno para participar en contratos millonarios

El gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) consolidó a la empresa estatal Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) como un actor clave en la millonaria contratación de servicios tecnológicos y operativos para distintas instituciones públicas. Sin embargo, diputados de oposición creen que la entidad fue utilizada de forma cuestionable en contratos de cursos de inglés, estaciones de pesaje en carretera y escáneres antidrogas

Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), afirmaron que la participación de Racsa fue instrumentalizada para abrir rutas de contratación que permitieran burlar leyes de contratación administrativa.

El caso más reciente son las licencias para cursos virtuales de inglés, por el cual el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) pagará $74 millones al consorcio Open English–Racsa por un año, con la posibilidad de extender el contrato hasta 2030, lo que elevaría el desembolso total a $296 millones.

Nicolás calificó el uso de Racsa como una "llave perversa" para facilitar acuerdos con empresas en detrimento de la libre comperencia.

"El único fin es favorecer a un selecto club de empresas que le son muy afín, no solamente el gobierno, sino que ha participado en procesos electorales junto con los partidos taxi que ha utilizado el gobierno.

Eso es algo muy peligroso, para una democracia como la nuestra donde si usted mueve una cantidad de recursos económicos para un lado o para el otro, influye sensiblemente en resultados electorales", dijo.

El diputado señaló que el contrato de las licencias de inglés se dio bajo un proceso cuestionado por una baja eficacia y por las limitadas posibilidades de registro para otras compañías. Además, subrayó la existencia de educadores capacitados en inglés y la capacidad instalada del INA para ese fin.

Nicolás apuntó que de esta forma se opta por "ordeñar fondos públicos", desplazando al INA para abrir espacio a un negocio como Open English. De paso, cuestionó que Racsa, subsidiaria del ICE tecnología y comunicaciones, ahora imparta cursos de inglés junto a una compañía internacional.

El diputado Robles señaló que no es nuevo que el Gobierno busque influir en las contrataciones estatales mediante esquemas de tercerización con Racsa.

Para él, se elaboran licitaciones "a la medida" que definen quién resultará adjudicado. Este modelo, aduce, permite un manejo más cerrado de la información de los contratos.

Para Robles,  "meter mano en las contrataciones". Ejemplificó casos como el de los escáneres antidrogas colocados en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), operada por APM Terminales, cuya adjudicación a Racsa y a un consorcio privado fue frenada por la Contraloría General de la República (CGR).

El legislador coincide con Nicolás en que se trata de una forma de instrumentalizar la institución para beneficiar intereses específicos. "En el pasado se hizo lo mismo con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), toman instituciones para usarlas. Sin importar las repercusiones", añadió.

Cuestionamientos a Racsa

El protagonismo de Racsa en los últimos años está acompañado de múltiples cuestionamientos por el mecanismo de contratación directa entre entes públicos, lo cual se traduce en una subcontratación privada o en la conformación de consorcios para incorporar empresas interesadas como oferentes.

Desde 2022 y con mayor intensidad en 2023, varias instituciones del Estado adjudicaron contratos a Racsa sin licitación o bajo la figura de excepción legal.

Denuncias remitidas al Ministerio Público advirtieron que en estos casos Racsa no ejecutaba directamente los servicios, sino que recurría a alianzas con compañías privadas. Según la CGR, este esquema contraviene la normativa vigente.

"Esto lo único que deja en evidencia es el gran talento creativo de maldad que tienen en este gobierno para burlarse de los procesos de contratación administrativa, les huyen a los procesos de fiscalización, tanto del Ministerio Público como de la Contraloría General de la República. ¿Y por qué lo hacen? Porque les estorba. ¿Y por qué les estorban los controles? Porque alguien quiere montar sus negocios a costas de recursos públicos", recalcó el diputado Nicolás.

Uno de los principales hallazgos se concentra en al menos 10 contratos entre Racsa y entidades públicas que permitieron la participación de empresas privadas sin concursos públicos.

Entre las instituciones involucradas figuran el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), el Ministerio de Trabajo, la Asamblea Legislativa, la Municipalidad de San José, el CNP y la Junta de Protección Social, entre otras. Estas contrataciones incluyeron sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), plataformas tecnológicas, soluciones de comunicación y servicios digitales.

La Contraloría determinó que la excepción de contratación directa solo aplica cuando la institución contratada ejecuta el servicio directamente. En estos casos, Racsa subcontrató a privados, lo que implicó un incumplimiento legal y una posible evasión de los principios de licitación pública, transparencia y libre competencia.

Además, el ente contralor identificó que Racsa utilizó figuras como asociaciones empresariales para incorporar a terceros privados. Esto permitió que al menos 12 empresas brindaran servicios al Estado sin concurso. Incluso, tres de esas compañías concentraron cerca del 64% de las contrataciones analizadas, lo que evidencia una alta concentración de proveedores.

Entre las compañías vinculadas a estos esquemas figuran Oracle, Datasys, GBM, Componentes El Orbe y Sonda.

Casos sonados: 5g, escáneres y romanas

En paralelo, otros contratos aumentaron los cuestionamientos públicos. Uno de ellos corresponde al sistema de tobilleras electrónicas del Ministerio de Justicia, adjudicado mediante Racsa y ejecutado con participación de terceros. Las diferencias de costos y el esquema de subcontratación generaron dudas sobre la eficiencia del modelo.

Otro caso relevante es el proyecto de escáneres antidroga en puertos, especialmente en Moín. Investigaciones judiciales revelaron que estructuras criminales presumían tener contactos para influir en contratos vinculados a Racsa, uno de estos fue el caso Corona.

El modelo generó críticas porque replicaba un patrón ya señalado en otras contrataciones: una institución pública contrata a Racsa y esta subcontrata a terceros, lo que levantó dudas sobre el uso de la figura para evitar procesos de licitación abiertos. En esa línea, la Contraloría General de la República cuestionó la legalidad del esquema y advirtió que la excepción entre entes públicos exige ejecución directa del servicio.

A esto se suma el contrato para estaciones de pesaje del MOPT, tramitado mediante Racsa y cuestionado por seguir el mismo patrón: contratación directa a la empresa estatal y posterior participación de privados. Esto reavivó las críticas sobre la legalidad del modelo.

El punto más crítico se registró en 2025, cuando la Contraloría ordenó a instituciones como el Ministerio de Trabajo, IAFA, SENARA, CNP, INDER, JPS, la Asamblea Legislativa, CEN-CINAI y la Municipalidad de San José no reconocer utilidades a Racsa y recuperar pagos realizados, tras confirmar irregularidades en estos contratos.

El órgano contralor fue enfático en que este esquema vulnera el principio constitucional de licitación pública, destinado a garantizar transparencia, competencia y mejores condiciones para el Estado.

Otro ejemplo se observa en proyectos de telecomunicaciones, donde Racsa trabaja con empresas como Cisco Systems. En estos casos, la estatal figura como adjudicataria, mientras la implementación técnica queda en manos de aliados.

También existen contrataciones de software y servicios digitales en las que Racsa opera como canal para soluciones de Microsoft y Oracle.

Otro es el despliegue de 5G en el que participa la empresa estatal Racsa y también ha generado cuestionamientos por el modelo de contratación utilizado.

Sectores políticos y técnicos han señalado dudas sobre la transparencia de los procesos, especialmente cuando la estatal actúa como intermediaria entre instituciones públicas y empresas privadas para la implementación de infraestructura tecnológica.

También se ha advertido que este esquema podría limitar la competencia en el mercado y concentrar la ejecución en pocos proveedores.

Otro de los puntos señalados es la falta de claridad sobre el rol operativo de Racsa dentro del ecosistema 5G, ya que en algunos casos no ejecuta directamente los proyectos, sino que recurre a alianzas o subcontrataciones.

De esta forma, el cuestionamiento dejó de centrarse en casos aislados y pasó a un patrón estructural: el uso de Racsa como intermediaria para canalizar contrataciones públicas hacia empresas privadas sin concurso. Mientras el Gobierno defiende el modelo como una vía para agilizar procesos, los órganos de control advierten riesgos legales, administrativos y financieros.

A nivel local, Racsa también ha recurrido a subcontratación con empresas costarricenses para el desarrollo tecnológico y la atención de usuarios, un modelo que agiliza procesos, pero que genera cuestionamientos sobre costos, transparencia y competencia.