Diputados recibirán sanción moral por violencia política
Jefes de fracción acordaron votar los cambios el próximo 25 de enero
Los diputados tendrán un reglamento para sancionar este tipo de agresiones. Foto con fines ilustrativos.
Los diputados que ejerzan violencia política a sus colegas diputadas recibirán una sanción moral.
Esa es la máxima pena que se establece en una reforma al reglamento legislativo que se aprobará en los próximos días en la Asamblea Legislativa.
Desde mayo del 2022 entró en vigencia la Ley 10.235 que busca prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política.
Esta normativa obligar a las municipalidades, a los partidos políticos y a la Asamblea Legislativa a aprobar un reglamento para poder aplicar sanciones.
Aunque se estipulaba un año de plazo para contar con un reglamento aprobado, esto aún no ha ocurrido.
En la pasada reunión de los jefes de fracción se acordó someter a votación el próximo 25 de enero (un año después) la reforma al Reglamento Legislativo para incluir este marco normativo.
El reglamento fue preparado por la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Luz Mary Alpízar, quien lidera el Grupo de Mujeres Parlamentarias, y también colaboró la diputada verdiblanca Dinorah Barquero, la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género, y el Departamento de Asesoría Legal d
En noviembre del 2022, el Directorio Legislativo, que es la máxima autoridad administrativa del Congreso, aprobó un reglamento para sancionar al personal, pero se acordó establecer un marco normativo diferente para los legisladores.
Hay que recordar que los congresistas no han querido aprobar una reforma para sancionar faltas éticas o a su deber de probidad, por lo que, en este caso, no se puede imponer una sanción mayor a un llamado moral, más allá de otras sanciones que la víctima quiera establecer en otras instancias legales.
El reglamento que se aprobará se puede conocer en totalidad aqui: Propuesta Moción de Fondo REGLAMENTO VIOLENCIA POLITICA (1)
Manifestaciones
El reglamento establece hasta 13 manifestaciones que se identifican como hechos de violencia política contra las mujeres, en este caso contra las diputadas.
La diputada Alpízar señaló que esto generará confianza para la participación de más mujeres en la política.
La normativa señala que no es permitido realizar una etapa de investigación preliminar de los hechos.
Tampoco se autoriza promover la conciliación entre las partes ni convocar audiencias con ese propósito en ninguna etapa del proceso.
Una vez recibida la denuncia, la Institución está obligada a darle el debido trámite, para iniciar con el procedimiento administrativo disciplinario, indica la norma.
El expediente y la información contenida en él son confidenciales. Es decir, mientras exista un proceso abierto, la identidad de la o las víctimas, así como del diputado denunciando, estarán protegidos.
"La información relativa a estas sanciones, incluyendo la identidad de las personas sancionadas, posteriormente a la resolución del procedimiento y una vez que esta adquiera firmeza, será de acceso público", agrega el reglamento.
Procedimiento
El reglamento establece la necesidad de conformar una comisión especial que verá el caso y que estará integrada de tres a cinco diputados como máximo de todas las fracciones representadas.
Dicha comisión tendría un plazo máximo de tres meses para emitir una resolución.
La comisión especial incluso podrá pedir al Directorio Legislativo aplicar medidas cautelares al denunciado para salvaguardar a la víctima.
También deberá recibir en audiencia primero a la víctima y luego al denunciado, ambos podrán llevar testigos de los hechos.
El informe, con las recomendaciones que haga, deberá ser sometido a votación en el plenario.
"Aprobada por parte del Plenario Legislativo, el informe de la Comisión investigadora en que se determine que el diputado o diputada denunciada es responsable de violencia contra las mujeres en la política, esa conducta se sancionará con una amonestación ética pública", dice la norma.
La diputada del Frente Amplio (FA) Rocío Alfaro, espera que con esta claridad normativa sea más viable para muchas diputadas denunciar los actos de violencia que viven.
Reconoció además qué situaciones de este tipo han ocurrido en el actual Congreso.