Diputados rechazan informe “complaciente” que eximía a Marta Esquivel y aprueban el que la responsabiliza por caso Barrenador
El Plenario Legislativo rechazó, con 19 votos a favor y 24 en contra, el informe de mayoríade la comisión que investigó irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el cual que consideraron "complaciente" con el gobierno y eximía de responsabilidad a la expresidenta ejecutiva y diputada electa, Marta Esquivel Rodríguez, en el caso Barrenador (actualmente en investigación por la Fiscalía), las listas de espera, crisis de médicos especialistas e implementación del fallido sistema informático.
El informe afirmativo de mayoría lo presentó el oficialista Daniel Vargas Quirós, con las firmas de María Marta Carballo (PUSC), Olga Morera (Nueva República) y el independiente Luis Diego Vargas. El documento respaldaba la decisión de otorgar la administración de 138 Ebáis a cooperativas con un sobreprecio estimado de ₡2.400 millones.
Además, deslindaba de responsabilidad a Esquivel y a la actual presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, por la crisis institucional, las listas de espera y el manejo del portafolio de inversiones.
El dictamen no obtuvo los votos necesarios, pese a requerir mayoría simple. Solo contó con el respaldo de Pilar Cisneros, la bancada oficialista (8 votos), 6 de Nueva República, Horacio Alvarado del PUSC; los independientes Luis Diego Vargas, Gilberth Jiménez y Leslye Bojorges; y Carolina Delgado del PLN.
María Marta Carballo (PUSC), pese a su postura a favor del Gobierno en la comisión y en la defensa del informe de mayoría, se ausentó de la sesión plenaria.
Por su parte, los oficialistas Daniel Vargas y Ada Acuña omitieron señalar las irregularidades denunciadas en la entidad y minimizaron el caso judicial.
Votaron en contra y archivaron el texto 24 diputaciones: 14 de Liberación Nacional (PLN); Vanessa Castro y Carlos Felipe García, del PUSC; el Frente Amplio (5 votos) y las independientes Gloria Navas, María Marta Padilla y Cynthia Córdoba.
Informe de minoría se impuso
Al no prosperar, se sometió a votación, sin discusión, el informe de minoría, que cuenta con mayor respaldo político. Este texto lo presentó la diputada de Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez; con la firma de la también liberacionista Paulina Ramírez y la frenteamplista Rocío Alfaro.
El informe de minoría obtuvo 24 votos a favor y 19 en contra, por lo cual quedó aprobado.
Por el contrario, el informe de minoría sí atribuye responsabilidades a Esquivel y Taylor por el manejo de la institución, las listas de espera, el portafolio de inversiones, la falta de especialistas y el fallido sistema ERP-SAP.
Desde la oposición, se señaló una presunta responsabilidad de Esquivel, calificando el informe de mayoría como "complaciente" y de promover la "impunidad".
Varias diputaciones defendieron el informe de minoría, asegurando que es robusto y serio, y que el trabajo de la comisión no se centró únicamente en el caso Barrenador, sino en una serie de problemáticas.
Señalan al Ejecutivo de influencia en la CCSS
Además, señalaron que existe un proceso sistemático de debilitamiento de la gobernanza, bajo una injerencia directa del Gobierno, según indicó la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, durante la defensa del reporte en el Plenario.
Alfaro aseveró que, durante el trabajo de la comisión, muchas de las conclusiones llevaron a que Rodrigo Chaves dio instrucciones directas, mediante su influencia en la junta directiva de la entidad, pero que por motivos de presiones, se negó la posibilidad de que el mandatario asistiera a declarar en el foro legislativo.
También defendió el trabajo de la comisión y aseguró que, a través del foro, lograron determinar que a partir del caso Barrenador se descubrió una estructura de "testaferros" por parte del gobierno para desiganciones a "dedo".
Sofía Guillén, del FA, aseguró que Chaves y Esquivel se prestaron a una narrativa para hacer creer, según dijo, a la opinión pública de que la CCSS está quebrada. Insistió que es contraproducente no otorgar las responsabilidades correspondientes.
Paulina Ramírez, del PLN, responsabilizó al Ministerio de Hacienda en contribuir y aplazar procesos para que el Estado mantenga la deuda millonaria con la CCSS, que a finales de 2025, ascendió a ₡4,43 billones.
La diputada Álvarez, proponente del informe, insistió en la incidencia y concentración de poder del Ejecutivo en el órgano directivo a partir de la toma de decisiones.
Además, señaló que en las conclusiones se determinó que cualquier voz disidente que denunciara inconsistencias en decisiones y proyectos era silenciada y excluida de la junta directiva.
Álvarez aseguró que hubo una junta directiva complaciente al no cuestionar ni fiscalizar un viaje a Malasia, con fondos públicos, realizado por Mónica Taylor.
Responsabilidad y no solo Barrenador
El informe de minoría, plantea advertencias sobre gobernanza, decisiones administrativas y riesgos financieros.
La comisión analizó temas como el caso Barrenador, vinculado a la administración de Ebáis por cooperativas y a un presunto sobreprecio bajo investigación, así como el fallido sistema ERP, las listas de espera, la escasez de especialistas y el portafolio de inversiones. Refutando la versión de Rodrigo Chaves, quien aseguró que el foro legislativo solo investigó el caso Barrenador y que no profundizó en otros temas.
Tras la última audiencia, en el mes de febrero, en la que compareció Marta Esquivel, Álvarez sostuvo que la responsabilidad política recae principalmente en Esquivel hasta 2024 y, posteriormente, en Mónica Taylor a partir de 2025.
Caso Barrenador
Marta Esquivel Rodríguez, exjerarca de la CCSS y diputada electa de Pueblo Soberano (PPSO), es investigada en el caso Barrenador por supuestos contratos con sobreprecios por ₡2.400 millones en la administración 138 Ebáis por parte de cooperativas.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), por presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El 23 de septiembre de 2024 se realizaron 28 allanamientos y ocho detenciones, incluida Esquivel. Posteriormente, se le suspendió el cargo como jerarca de la CCSS, aunque luego, en enero de 2025, Rodrigo Chaves la nombró ministra de Planificación Nacional, otorgándole inmunidad temporal.
Tras la votación el texto que sienta responsabilidades por el caso Barrenador se remite a la Fiscalía General. Mientras que, el Plenario comunica a la CCSS y el Poder Ejecutivo las irregularidades concluidas en el informe.