Diputados quieren abrir investigación por caso Barrenador
Tendría un plazo de 10 meses para presentar un informe
Diputados de distintas fracciones legislativas presentaron una moción para abrir una comisión especial investigadora en el Congreso que indague el aparente caso de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) conocido como Barrenador.
Los legisladores que firmaron la moción señalan que la CCSS es una institución pilar de la salud y que "en la actual Administración Chaves Robles se han evidenciado una serie de falencias sin atender", entre ellas listas de espera, la deuda del Estado con la institución y denuncias presentadas contra la más alta jerarquía de la entidad por presuntos nombramientos irregulares, salarios ilegales, inestabilidad en la gobernanza, suspensión de los proyectos del portafolio de inversiones institucional, adjudicaciones cuestionadas, entre otras situaciones.
Como agravante, los legisladores señalan las investigaciones que realiza la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y, el Organismo de Investigación Judicial por el caso Barrenador.
La moción para abrir la comisión investigadora, que deberá ser discutida y votada en próximos días, señala que la eventual conformación de esta sería de la siguiente manera: 2 diputados del Partido Liberación Nacional y 1 por las bancadas de las fracciones de Unidad Social Cristiana, Progreso Social Democrático, Liberal Progresista, Nueva República y Frente Amplio.
La Comisión tendría un plazo de 10 meses para presentar su informe al plenario legislativo.
Este presunto caso de corrupción que investiga el Ministerio Público involucra a la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez, a altos funcionarios y exmiembros de la Junta Directiva de la entidad. Se sospecha que hubo irregularidades con relación a los contratos a varias cooperativas para la administración de unos 138 Ebais.
La adjudicación con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año. Esto representaría para la entidad un pago de sobreprecios total de $239 millones durante los 10 años de contrato.
