Diputados: Proyecto de hidrógeno verde pone en riesgo suministro eléctrico del país

(CRHoy.com) El Congreso está en la discusión del segundo debate del expediente 22.292, un proyecto de ley que busca que el país incursione en la industria del hidrógeno verde, pero bajo el riesgo absoluto de las instituciones del Estado.

El plan es impulsado por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y en la legislatura anterior se votó en primer debate en abril pasado.

El exdiputado socialcristiano Erwen Masís fue el impulsor principal del proyecto y hoy cuenta el apoyo de las fracciones del PUSC y de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN).

En el caso del Frente Amplio (FA) y el Partido Nueva República no tienen una posición clara sobre el tema.

Una de las principales alertas de este proyecto es que pondría en riesgo el suministro eléctrico del país para la ciudadanía y el sector privado.

Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) fueron los primeros en alertar los riesgos de la propuesta.

La legisladora del PLP, Kattia Cambronero señaló que el proyecto pone a disposición de empresas privadas toda la energía eléctrica del país.

Su compañero Eli Feinzaig también hizo énfasis en esta preocupación.

"El proyecto que estamos discutiendo pone en peligro el abastecimiento eléctrico al dar prioridad al uso de la energía eléctrica a la producción de hidrógeno por encima del consumo residencial y usos comerciales", afirmó.

Cuestionó además el régimen de exoneraciones para un negocio incierto, sin saber cuál será su impacto.

Otro liberal, Diego Vargas explicó que el proyecto haría al ICE vender energía subsidiada a un grupúsculo, que además no pagaría ni el impuesto de la renta, para producir hidrógeno verde.

"Lo que debemos entender es que esa empresa producirá hidrógeno verde con electricidad regalada, eso no es justo para el país", se cuestionó.

La diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Paola Nájera, señaló que el gobierno respalda la idea de impulsar el hidrógeno verde, pero que el actual texto no contempla una serie de aspectos relevantes que les impide apoyar la propuesta.

La oficialista también cuestiona que en el proyecto se pretende cambiar el uso de las plantas actuales de energía para la producción exclusiva del hidrógeno poniendo en riesgo el suministro de electricidad a la población.

Agregó que por el bajo nivel de la industria del hidrógeno, la ley no ofrece garantía de dinamismo de la economía de manera inmediata.

"Existen otras energías de transición más estudiadas en lugar de concentrarse en el uso masivo del hidrógeno y que son opciones más competitivas para sustituir los combustibles", afirmó.

Traje a la medida

Feinzaig calificó la iniciativa como un traje a la medida para unos pocos.

"Para mí este proyecto es de lo más vergonzoso y vergonzante en muchos años, hicimos llegar nuestras observaciones, pero no fueron tomadas. Es un traje a la medida que ya tiene nombres y apellidos de los beneficiarios de políticos y comisionistas que lo anda promoviendo tras bambalinas y a plena luz del día", señaló.

Cuestionó que el proyecto deja de lado a las pymes, que desarrollan aspectos tecnológicos y que el plan establece un capital de mercado de $150 mil para poder ingresar.

Dijo que el proyecto revive la vieja idea del Estado empresario, producto de una añeja política tradicional.

Feinzaig recordó que el proyecto avala al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) ha incursionar en un negocio incierto.

Comentó a modo de ejemplo que hoy en día en el mundo hay 50 mil vehículos impulsados por hidrógeno, mientras que en China hay 10 millones de carros que funcionan con baterías eléctricas, lo que muestra por donde se decanta el mercado.

Este es el tipo de riesgo que debería asumir el sector privado con recursos privados, nunca el sector público con fondos públicos.

El liberal recordó los grandes fracasos del Estado empresario, como Recope con la fallida refinería de Soresco que costó $36 millones.

De convertir al ICE en empresa constructora con sobreprecios en construcción de plantas hidroeléctricas, o la compra de gruas porticas de Japdeva o los negocios artificiales sin éxito que se le han creado a Racsa, o la empresa cablera quebrada que compró el ICE.

Sobre el permiso que se le otorga a esta nueva industria para el uso del sistema nacional de combustibles, Feinzaig, recordó que no solo incluye las instalaciones de Recope, sino las gasolineras lo que violenta los derechos de propiedad privada.

Es un proyecto de ley hecho a la medida, con los beneficiarios definidos, de los políticos comisionistas que tanto problemas han causado en el pasado

Afirmó que ni Recope, ni Jasec, ni la CNFL o la ESPH tienen los recursos para hacer la investigación de hidrógeno verde, sino que irán a firmar acuerdos de cooperación con entes privados para que los hagan.

"Vamos a invertir recursos para salvarle la tanda a alguna empresa, por ahí que no tiene otra forma de sobrevivir, esa no es la forma en que deben funcionar las cosas", explicó.

"Es un proyecto nefasto que socava las bases de la economía costarricense y la convivencia democrática, en conciencia les pido reconsideren, sé que tienen los votos para aprobarlo, pero les pido den el voto negativo a este proyecto y sentémonos a crear un marco normativo para el hidrógeno verde como tiene que ser", pidió al resto de las fracciones.

El proyecto no pudo ser votado, ya que se llegó al fin de la sesión y quedará su discusión para el próximo lunes.