Diputados presentan cambios a plan Jaguar del PLN para cerrar portillo a contrataciones directas y sin control
Diputados de las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Frente Amplio (FA) presentaron una moción con una propuesta de texto sustitutivo al proyecto de ley impulsado por el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo Sandí, el cual busca evitar que se excluyan del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y de la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) los contratos que el país suscriba con otros Estados y organismos internacionales.
Según los diputados, la propuesta de nuevo texto fue presentada para atender las advertencias y recomendaciones del ente contralor, con el objetivo de cerrar portillos que permitirían contrataciones directas y sin control.
La versión actual del proyecto de Izquierdo, a criterio de la CGR y de varios legisladores, se asemeja al plan Jaguar, impulsado infructuosamente por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y su gobierno, con el fin de limitar las potestades de fiscalización y control de la CGR.
La moción con los cambios
La versión vigente del proyecto plantea excluir del ámbito de la LGCP las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales, mediante la adición de los incisos k) y l) al artículo 3 de dicha ley.
La propuesta de texto sustitutivo plantea excluir de la aplicación de la LGCP "los convenios de cooperación, acuerdos y acuerdos de costo compartido, celebrados con otros Estados, organizaciones internacionales o sujetos de Derecho Internacional Público, cuando el aporte de dichos entes represente al menos un cincuenta por ciento (50%) del valor de lo convenido y siempre que el objeto no incluya la gestión, la asesoría, el diseño o la construcción de obra pública".
La moción añade que estos instrumentos deberán ser aprobados por la CGR y que, para aplicar la excepción prevista en el párrafo anterior, será necesario acreditar el interés público y la ventaja comparativa de la decisión. Esta deberá considerar la razonabilidad del precio y del costo.
Se establece que el convenio o acuerdo suscrito deberá garantizar "el pleno acceso a toda la información de las diferentes etapas de la contratación sobre el uso de los fondos públicos, en el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, cooperación y colaboración interadministrativa, transparencia y el buen uso de los fondos públicos".
Además, se señala que la CGR fiscalizará a la entidad contratante costarricense, la cual deberá garantizar igualmente el acceso a la información en todas las etapas del proceso de contratación y ejecución del objeto contratado con el sujeto de Derecho Internacional. Para ello, deberá tramitar el expediente a través del Sistema Unificado de Compras Públicas (SICOP).
Según Izquierdo, estos cambios fueron propuestos a la CGR.
"Incluimos —en la moción— todo lo que pidió la CGR. El proyecto queda blindado de todos esos portillos. Lo que buscamos es facilitar la cooperación internacional".
Este medio consultó al ente contralor sobre los cambios introducidos al plan y si, con esta nueva redacción, se cierran los portillos a contrataciones directas y sin control. La gestión sigue en trámite.
La moción del nuevo texto consensuado puede verse completa en este enlace. Moción Consenso 24.215
¿En qué estado quedó el proyecto?
El proyecto de Izquierdo fue aprobado en primer debate el pasado 27 de marzo con el respaldo de 37 congresistas de todas las fracciones legislativas, excepto la del PLP, que desde un inicio acogió y respaldó la posición de la CGR.
Tras el primer debate, la CGR envió una comunicación urgente a los diputados reiterando sus advertencias. El oficio fue remitido el 31 de marzo (ver nota inferior).
Luego de recibir dicho oficio, los legisladores decidieron suspender el segundo y último debate del plan para introducir correcciones. Para ello, aprobaron una moción que retrotrae el expediente a su etapa de primer debate, lo que les permitirá introducir los cambios.
Así las cosas, esta nueva moción se discutirá en los próximos días.
Las advertencias de la contralora
La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, expresó a los diputados el rechazo de la CGR al proyecto de ley impulsado por Izquierdo.
En el oficio del 31 de marzo, la CGR desmintió haber respaldado la propuesta y advirtió que el plan sigue presentando "serios riesgos", pues va en contra de lo establecido en la Constitución Política.
"La Contraloría General de la República, durante todo el trámite del expediente legislativo, ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben regirse por la Ley General de Contratación Pública. Por ello, tanto el texto base como el texto sustitutivo, que excluyen la aplicación de esa ley en contrataciones con sujetos de Derecho Público Internacional, son contrarios al artículo 182 de la Constitución, así como a los principios de libre competencia y transparencia", indicó Acosta en un oficio enviado a los jefes de fracción.
La contralora también subrayó que la posición de la CGR durante todo el trámite ha diferido del texto aprobado en comisión y posteriormente en el plenario.
"Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación las contrataciones con sujetos de Derecho Público Internacional, en lugar de excluirlas totalmente de la Ley n.º 9986 (como se pretendía en la versión original), aún persisten serios riesgos. Se puede contratar obra pública sin concurso y sin que el órgano contralor pueda ejercer plenamente su fiscalización, conforme a sus competencias legales y a la jurisprudencia constitucional", agregó.
Acosta recordó que la Contraloría ha enfrentado dificultades para fiscalizar contrataciones con ciertos sujetos de Derecho Público Internacional, debido a privilegios o inmunidades. Esta situación ha limitado el control efectivo sobre el uso de fondos públicos.
Entre los ejemplos citados figura un informe del año 2019 sobre los controles del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en la ejecución de recursos destinados a proyectos viales a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).