Diputados podrían obligar a Chaves a cumplir promesa de transmitir Consejos de Gobierno

(CRHoy.com) El presidente Rodrigo Chaves admitió en cadena nacional el pasado domingo que se equivocó al prometer en campaña que en su Administración se iban a transmitir las reuniones del Consejo de Gobierno.

Este fue uno de los compromisos de campaña que presentó el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en su plan de gobierno en el apartado denominado "Freno a la corrupción".

"La desenfrenada corrupción nacional nos empobrece a todos, nos roba a todos, nos reduce la calidad y cantidad de los servicios públicos. Nuestra propuesta empieza por poner a jerarcas honestos: los mejores hombres y mujeres para los puestos y no los mejores puestos para los amigos", se lee en dicho plan.

Son en total 10 puntos que se mencionan, precisamente en el último de ellos se indica:

Todas las sesiones del Consejo de Gobierno, concejos municipales y juntas directivas de instituciones autónomas y otros órganos estatales serán públicas y transmitidas en tiempo real por medios accesibles a la ciudadanía, excepto lo previsto en el artículo 273 de la Ley General de Administración Pública

Pero luego de señalamientos de parte de la prensa y de varias excusas que se dieron que incluyeron limitaciones tecnológicas, Chaves reconoció que fue un error prometer tal cosa.

"Los ministros me dicen que cómo vamos a contradecirnos en público, a usted por ejemplo. Aunque a mí no me importe, ellos se van a sentir un poquillo tímidos de contradecir al Presidente en frente de una cámara", justificó Chaves.

De igual manera, comentó que muchas veces se podrían exponer personas o incluso podrían llegar demandas por dar opiniones o interpretaciones.

También afirmó que se tocan temas sensibles, de seguridad nacional, negociación de contratos.

"La discusión no debe ser pública para no limitar la expresión y la discusión de ideas de una manera intensa, pero constructiva. Tenemos discusiones, desafíos y cuestionamientos porque queremos darle a usted el mejor servicio", indicó.

"Esto es como una familia. Usted se sienta con sus parientes, con su esposa con su esposo, en la mesa de la cocina y discuten cosas que tienen que ver con sus hijos, el comportamiento, el vecino complicado, ruidoso, el tío, la tía que hacen cosas que molestan a la familia. Bueno, esas cosas no se discuten delante todo el mundo, porque lo que quieren ustedes es arreglar la familia y que les vaya mejor lo mismo queremos hacer nosotros como gobierno para ustedes", expresó el mandatario.

Proyecto presentado

Pero Chaves podría verse obligado a cumplir lo que prometió, si los diputados de oposición respaldan un proyecto de ley que presentó el Frente Amplio (FA) para que se transmitan las sesiones del Consejo de Gobierno.

La iniciativa busca reformar el artículo 37 de la Ley General de la Administración Pública (Número 6.627), vigente desde el 2 de mayo de 1978, para que se lea de la siguiente manera:

"Artículo 37.- Las sesiones del Consejo serán públicas, salvo que la Presidencia de la República disponga lo contrario por tratarse de secretos de Estado o de información confidencial, mediante acto debidamente fundamentado".

El diputado del FA, Ariel Robles señaló que en el caso que se considere secreto de Estado, esto se debe declarar mediante un acto o resolución bien fundamentada por la Presidencia de la República, tal y como sucede en cualquier acto administrativo.

El texto del proyecto de ley presentado también se sustenta en un pronunciamiento anterior de la Sala Constitucional, sobre el principio de transparencia y publicidad administrativas (resolución número 11750 – 2020):

"Ello implica que ningún Poder del Estado está exento de explicar sus actos ante el pueblo. Así lo establece nuestra Constitución Política en los artículos 9 y 11. Es un principio que existe desde hace siglos, ya lo decía Thomas Paine "… un grupo de hombres que no se siente obligado a rendir cuentas a nadie no debe contar con la confianza de nadie "(Rights of Man 1791).

Transparencia

La necesidad de brindar transparencia como un principio de la democracia ha sido la justificación para que el actual Congreso haya aprobado reformas para que todas las votaciones de los diputados sean públicas.

De la misma manera, se aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se obligó a los magistrados a hacer públicas las elecciones de los altos jueces y otros cargos como el del Fiscal General de la República.

Los diputados han criticado además, como el discurso anticorrupción del Gobierno ha comenzado a resquebrajarse con nombramientos políticos en embajadas, ofrecimiento de puestos a cambio de votos y promesa sin cumplir con esta.

Por ejemplo la socialcristiana Vanessa Castro, cree que la Administración debe hacer una reflexión a lo interno sobre sus promesa anticorrupción, ya que se entiende que existe un filtro de visibilidad sobre lo que se promete.

"Pienso que el Gobierno debe trabajar en fortalecer sus principios de transparencia porque hay síntomas de debilidad en el tema, y falta aún mucho tiempo por gobernar", comentó.

De igual forma la diputada liberacionista, Paulina Ramírez, cuestionó la falta de compromiso del Gobierno en este tema.