(CRHoy.com) -Diputados de distintas agrupaciones políticas piden que se investigue el convenio que suscribieron el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Grupo Nación para activar servicios ferroviarios, en el marco de la discusión del proyecto del Tren Eléctrico.

Uno de ellos es el legislador independiente Dragos Dolanescu, quien hizo este viernes la solicitud a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

"Le externo mi preocupación en relación con el recién publicado acuerdo entre Grupo Nación e Incofer para habilitar un corredor ferroviario en la Guácima de Alajuela, donde se ubica el Parque Viva, que es propiedad del grupo, esto con la finalidad de desarrollar la zona, pero que encarecería el proyecto", indica Dolanescu en una nota dirigida a Marta Acosta, contralora general de la República.

El congresista cita el oficio DFOE-IFR-0393, del 22 de junio del 2020, remitido a la Asamblea Legislativa por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, según el cual hay tres aspectos medulares en relación con el proyecto del tren eléctrico:

• Situación fiscal del país al momento de que el Congreso apruebe el empréstito entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $550 millones para financiar el proyecto.
• Claridad en el monto y el origen de los recursos que se destinarán del aporte estatal.
• Necesidad de incluir los impactos por la crisis económica del COVID-19.

"En virtud de lo expresado, le solicito respetuosamente se inicie una investigación a razón de definir la viabilidad, tanto técnica como presupuestaria, para la adición de  un corredor ferroviario en la zona de la Guácima de Alajuela, igualmente considero de vital importancia que se analice la legalidad de este tipo de convenios que encarecen a todas luces un proyecto que en sí mismo representa un costo altísimo para todos los costarricenses y, que como indique anteriormente, solo se incrementa a raíz de un acuerdo que beneficia a unos pocos, pero que será sufragado por la ciudadanía en general", agrega Dolanescu.

En la nota que dirigió a José Armando López Baltodano, procurador de la Ética Pública, el legislador pide que se inicie la investigación para "conocer a partir de qué fechas se decidió
incorporar al proyecto del tren eléctrico las líneas 4 y 5 que llevarán el tren hasta el Parque Viva y la Zona Franca del Coyol, es decir, la justificaciones técnicas, así como la persona que hace dicha recomendación".

"El vínculo entre Presidencia, la oficina de la Primera Dama con el proyecto de Tren Eléctrico y el Grupo Nación, como mínimo, se ve muy mal y golpea la credibilidad de esta empresa", opinó.

Argumentó que, como diputados, lo mínimo que pueden hacer es preguntar a los órganos competentes del Estado si el convenio es legal o no.

"No pinta bien"

El legislador José María Villalta, del Frente Amplio (FA), dijo que la negociación es "muy preocupante" y anunció que su despacho prepara una solicitud que enviará a la Contraloría para que investigue.

"Queremos que se investigue si ha existido algún tipo de tráfico de influencias que ha afectado la contratación del empréstito y del proyecto del tren. En general, me parece que, por lo que se sabe hasta ahora, no pinta bien el asunto", declaró.

Manifestó que el tren eléctrico es un proyecto muy importante para el país, pero opinó que "lamentablemente, el Gobierno lo ha manoseado y ha permitido que se mezclen intereses de grupos particulares (…) Debería ser un proyecto que se maneje con total transparencia y criterios técnicos por su importancia".

El diputado independiente Erick Rodríguez anunció que apoyará las gestiones que se hagan para que se abran investigaciones.

"Me paree que ambas investigaciones son necesarias para destapar esta barbaridad que tiene La Nación con el Gobierno", expresó.

Dijo que si Villalta o Dolanescu le piden su firma para que se abran los expedientes, la dará.

La congresista Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), adelantó que tiene listos varios oficios para pedirle explicaciones al Incofer.

Transparencia

La congresista Shirley Díaz, subjefa de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), respaldó las gestiones hechas por otros diputados.

"Todo lo que sea por la transparencia de la función pública es importante llevarlo adelante. Me parece que el tema del tren ha sido polémico, ha sido un tema que ha dejado dudas en muchos aspectos, con relación al costo del tren, a la idoneidad o no de tener esa cantidad de vías habilitadas al mismo tiempo, al peso del subsidio que va a tener y el costo que le va a acarrear a los costarricenses", sostuvo.

La legisladora Franggi Nicolás, del PLN, acusó al Gobierno de llenar de dudas a los costarricenses sobre los proyectos ferroviarios que impulsa.

"Es absolutamente oportuno que la Contraloría General de la República lleve a cabo una investigación profunda de ese convenio entre el Gobierno y La Nación, que dio pie para que el Gobierno planteara una ampliación de ruta para que llegara específicamente al Parque Viva", dijo.

En su criterio, la entidad fiscalizadora debe determinar si existió o no un estudio de factibilidad para justificar la ampliación de ruta.

"Debe determinar si hay algún sustento de beneficio económico para el país o si eventualmente está pretendiendo favorecer intereses privados a costillas de todos los y las costarricenses.