Diputados piden a Presidente intervenir caso ICE-BNCR
Legisladores pidieron “participación activa” a Solís ante conflicto del ICE y el Banco Nacional
Varios diputados de la comisión investigadora hicieron la petición a Solís.
(Daniela Abarca/CRH)
14 diputados de la Asamblea Legislativa le pidieron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, intervenir en la disputa que existe entre el Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco Nacional con la empresa Hidrotárcoles por la planta hidroeléctrica Capulín.
En una carta enviada al mandatario, los legisladores le piden "su activa participación", ante la posible pérdida económica que puedan sufrir alguna de las dos entidades del Estado.
"Quizá únicamente con su envestidura presidencial pueda sentar a las partes en diferencia para que se llegue a una conciliación", dice parte de la carta.
La misma fue firmada por Ronny Monge, Sandra Piszk, Julio Rojas, Maureen Fallas, Maureen Clark (PLN), Otto Guevara y José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario, Luis Vásquez del PUSC, Ligia Fallas, Frank Camacho, Jorge Arguedas y Gerardo Vargas del Frente Amplio, Óscar López del PASE y el independiente Carlos Hernández.
El ICE e Hidrotárcoles mantienen una disputa por la resolución del contrato para el desarrollo de la planta, que tendría una capacidad de 50 Megawatts. La institución rompió con la empresa el 22 de enero anterior, tras alegar que incumplió el plazo acordado para el inicio de la operación comercial de la planta. Sostiene que la fecha era el 1 de agosto de 2015, pero Hidrotárcoles aduce que la institución permitió ampliar el plazo hasta el 1 de junio de 2017.
El banco por su parte alega, que el ICE tiene que pagarle la deuda, pero la institución sostiene lo contrario.
"Ambas instituciones atraviesan una diferencia de criterios jurídicos que de no solucionarse impactarán de manera significativa las finanzas públicas", señalaron los diputados, como su principal preocupación.
No intervendría
Consultado sobre la petición, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, aseguró que el Poder Ejecutivo no puede intervenir, puesto que hay una empresa privada en medio que podría verse beneficiada y eso sería visto como un delito.
"El conflicto no es entre entidades públicas. Si el Poder Ejecutivo interviene para hacer que el ICE tuerza la opinión jurídica que ha tenido hasta ahora, quien va a recibir un beneficio directo es una empresa privada. Eso es absolutamente prohibido en nuestra legislación, señaló el jerarca.
Según Alfaro, el ICE tiene los mecanismos para hacerle frente a la situación.
"El ICE tiene los mecanismos y autorizaciones legales para entrar en negociaciones con la empresa o hacer acuerdos extrajudiciales, pero si el Poder Ejecutivo interviene en eso sería un delito flagrante", indicó.
