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Diputados no se aventuran a apoyar nuevo plan de empleo público

El plan básicamente es pagarles, a los nuevos funcionarios públicos, salarios similares. Los actuales empleados públicos no se verán afectados

Por Carlos Mora | 19 de May. 2020 | 7:11 am

(CRHoy.com) Los diputados de las distintas fracciones legislativas todavía no se apresuran a darle su apoyo al nuevo texto presentado por el gobierno para reformar el empleo público. Los legisladores están analizando el planteamiento remitido este lunes al Congreso antes de comprometer sus votos.

Esta es la segunda propuesta que la Presidencia presenta en Cuesta de Moras. En octubre anterior  los diputados le devolvieron al gobierno su primer proyecto en esta materia, luego de coincidir con la Contraloría General de la República que el plan era insuficiente para ordenar la planilla estatal y que no habían evidencias de que generara una contención del gasto público.

La subjefa de la Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz, dijo que hasta este martes la fracción no se había reunido para discutir el proyecto, pero insistió en que los socialcristianos lo revisarán a la luz de las partidas dentro del Presupuesto de la República que deben "analizadas a profundidad" antes de hacer recortes y de discutir la eficiencia del Estado.

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La fracción de Restauración también apeló a mayor tiempo antes de comprometerse con su apoyo al plan. Lo que si dejó claro la jefa de esta bancada, Xiomara Rodríguez, fue que el proyecto nunca les fue presentado con antelación y por ende tampoco consultado,como afirmó la ministra de Planificación, Pilar Garrido para defender que fue la propuesta fue presentada con antelación ante todas las fuerzas políticas para garantizar su consenso.
"Es un tema serio que hay que estudia bastante. Hay me mencionar que este plan nunca nos fue consultado a Restauración Nacional", dijo Rodríguez.
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Carmen Chan, coordinadora del bloque independiente de Nueva República aseguró que el texto será analizado. Dijo que velarán porque la propuesta de Ejecutivo garantice los derechos adquiridos de los funcionarios y bajo la premisa de que el empleo público no debe ser objeto de abusos y excesos que todos los costarricenses tenemos que pagar.

"No es un reforma simple, no podemos abordar el tema a la ligera, requiere debate en la comisión de gobierno y administración donde se venía discutiendo el tema. Por parte de Nueva República nuestro compromiso con los costarricenses lo hemos dicho varias veces, es legislar de forma responsable, haciendo una valoración completa de cada proyecto, sin favoritismos políticos, poniendo los intereses y demandas de la ciudadanía en primer lugar. Aún es muy pronto para emitir criterios de fondo, hasta tanto no revisemos la propuesta", dijo Chan.

CRHoy intentó constatar la versión de la bancada de Liberación Nacional, sin embargo no fue posible localizar a su jefe, Luis Fernando Chacón.

¿Qué propone el proyecto?

Con esta segunda propuesta del gobierno en materia de empleo público la Presidencia estima que en 10 años pueda generarle al país un ahorro de ¢70 mil millones anuales, lo que es equivalente a un 7% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir casi lo que se invierte anualmente en educación.

El plan básicamente es pagarles, a los nuevos funcionarios públicos, salarios similares. Los actuales empleados públicos no se verán afectados.
Lo que el gobierno intenta con este plan es que los salarios del sector público sean competitivos solos, sin necesidad de pluses o incentivos. Anualmente el gobierno paga en salarios por mes ¢2,6 billones, de estos ¢1,1 billones es por incentivos.
El texto habla de la creación de un régimen salarial de empleo público dividido en "ocho familias": profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, del Servicio Exterior y de confianza. 
Los únicos que queda excluidos son los funcionarios de instituciones en un mercado de competencia, como lo son el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
También se establece un nuevo sistema de reclutamiento dentro del Estado, que las licencias de maternidad se extiendan por dos meses por razones de nacimiento prematuro, discapacidad o partos múltiple. También contempla la licencia por paternidad.
En cuanto a vacaciones, se establece un tope anual de 20 días y se contempla la posibilidad de que un funcionario sea despedido si acumula dos evaluaciones de su desempeño con notas inferiores a 70%.

 

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