Diputados demoran aprobación de proyecto calificado como urgente por el OIJ
Actualmente, placas son visibles en sistema del Registro Nacional, lo que pondría en riesgo seguridad de agentes y éxito de investigaciones
Los diputados están retrasando la aprobación de un proyecto de ley que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó aprobar con urgencia. Se trata del expediente 24.586, que pretende establecer la confidencialidad del registro de vehículos de los cuerpos policiales de investigación.
Actualmente, las placas de los vehículos de uso policial destinados a investigaciones son visibles en el sistema del Registro Nacional. Tanto el OIJ como los diputados consideran que, en el contexto actual de incremento de la inseguridad y criminalidad, esto podría generar serios riesgos para la seguridad de los agentes y el éxito de las investigaciones.
El proyecto de ley fue presentado en septiembre del año anterior tras una solicitud del OIJ. Sin embargo, en los últimos seis meses, el avance de la propuesta en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico ha sido mínimo.
El pasado 26 de febrero, el director del OIJ, Randall Zúñiga López, solicitó a los diputados agilizar la discusión del texto y acelerar su aprobación. La petición se hizo en la última reunión de los jerarcas de los Supremos Poderes.
Tras la solicitud del jerarca del OIJ, los legisladores de la Comisión de Seguridad solo aprobaron una moción para ampliar, por 60 días más, el plazo para que esa instancia legislativa dictamine el plan, de manera que posteriormente pase al plenario legislativo para su discusión. La extensión del plazo fue necesaria debido a que la fecha límite para cumplir con esta etapa del proceso legislativo había vencido.
¿Qué propone el proyecto?
La propuesta de ley fue presentada por el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, Gilbert Jiménez Siles, tras un trabajo conjunto con el OIJ.
El proyecto busca regular el acceso a la información sobre los vehículos de uso policial inscritos en el Registro Nacional y asignados al OIJ, la Policía de Control de Drogas, la Policía Profesional de Migración, así como cualquier otro cuerpo de policía de investigación que se instaure en el país.
Mediante la adición de un nuevo inciso al artículo 22 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, se establece que estos automotores serán registrados en una categoría especial en el Registro Nacional de Vehículos, cuya información será confidencial y solo podrá ser consultada por autoridades competentes debidamente autorizadas.
El proyecto también dispone que el Registro Nacional velará para que los vehículos policiales no sean identificables como tales mediante consultas en el sitio web o cualquier otro mecanismo en línea.
Adicionalmente, se agrega un inciso al artículo 8 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, para que los datos de identificación de estos vehículos sean considerados información sensible y protegidos bajo un régimen especial de confidencialidad. Dichos datos no podrán ser divulgados públicamente y solo podrán ser consultados por las autoridades judiciales o policiales debidamente autorizadas.
El proyecto también propone la adición de un párrafo al artículo 2 de la Ley Orgánica del OIJ, que establece que esta institución deberá contar con un registro especial para los vehículos bajo su control operativo, cuya información será confidencial y de acceso restringido.
El diputado Jiménez explicó que las plataformas del Registro Nacional de Vehículos permiten que cualquier ciudadano, sin restricción alguna, acceda a la información de las placas de los vehículos, incluyendo detalles sobre el propietario. Esto resulta incompatible con la necesidad de confidencialidad que exige la labor investigativa de estas policías especializadas.
"Este acceso público representa una vulnerabilidad crítica en términos de seguridad operativa. Los vehículos de uso policial del OIJ y de otros cuerpos policiales de investigación son utilizados en operativos altamente delicados, como investigaciones encubiertas, seguimientos de sospechosos y vigilancia en zonas de alta criminalidad. El hecho de que las placas de estos vehículos estén disponibles para el público compromete la confidencialidad de estas operaciones", advirtió Jiménez en la justificación de motivos de la propuesta.
El texto también señala que los agentes de estos cuerpos policiales se enfrentan a diario a situaciones de alto riesgo al investigar bandas delictivas y criminales que operan con métodos cada vez más sofisticados.
"El acceso a información sobre los vehículos que utilizan expone a estos agentes a represalias y actos de violencia. Grupos delictivos podrían identificar los vehículos utilizados por los investigadores, preparar emboscadas, ataques o vigilancias sobre los movimientos de los agentes, poniendo en grave peligro su vida y la de sus familias. En un contexto donde las organizaciones criminales tienen acceso a tecnologías avanzadas y redes de información, la disponibilidad pública de las placas vehiculares les otorga una ventaja que puede comprometer la integridad física de los agentes", concluye el documento.