Diputados deberán corregir reforma que quita ciudadanía a naturalizados con condenas

El proyecto fue impulsado por el presidente del Congreso. Foto: Asamblea.

Los diputados deberán corregir el expediente 23.800, una propuesta que pretende eliminar la ciudadanía a extranjeros naturalizados que tengan condenas en firme por tráfico de drogas y lavado de dinero, ya sea en Costa Rica o en el exterior.

El proyecto fue presentado por los diputados verdiblancos Rodrigo Arias y Danny Vargas, y fue votado en primer debate por unanimidad el pasado 13 de marzo.

Sin embargo, las fracciones legislativas reconocieron que de aprobar el proyecto en su texto actual, podrían darse vicios de constitucionalidad.

Por estos "errores graves" obligaron a los legisladores a devolver al proyecto a su etapa de votación de primer debate, el pasado 20 de marzo, para buscar "arreglar" la reforma.

El proyecto reforma los artículos 15 y 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones.

Establece que no se otorgará la naturalización:

A la persona que haya sido condenada por delito doloso, con pena privativa de libertad superior a tres años, en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando la conducta ilícita sea reconocida como tal dentro de la legislación costarricense y el sujeto sea imputable.

Si esa persona tiene un proceso judicial pendiente, la naturalización quedará en suspenso hasta que haya una sentencia en firme.

La ciudadanía se perdería también cuando ese extranjero haya suministrado algún dato falso o fue condenado antes por los delitos ya mencionados o que se compruebe que el objeto de su naturalización fuera el de propagar doctrinas o medios totalitarios, contrarios al sistema democrático.

"Igual procedimiento se seguirá cuando se compruebe que un extranjero naturalizado haya sido condenado con sentencia firme por delito doloso, con pena privativa de libertad superior a tres años y/o cuente con un proceso de extradición, ya sea en Costa Rica o en el extranjero", agrega la reforma.

El texto establece algunas excepcionalidades por ejemplos para personas refugiadas, apátridas o asiladas, siempre y cuando no cometan delitos dolosos en Costa Rica o en el extranjero, con posterioridad o durante el trámite de la declaratoria de la respectiva condición especial.

Afectar derechos

La diputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, explicó que aprobar el proyecto tal y como está afectaría derechos fundamentales.

Alfaro recordó que si bien este proyecto se tramitó de forma acelerada buscando resolver problemas de seguridad del país, tiene errores extremadamente graves, que hacen del proyecto inconstitucional e inaplicables.

Nos preocupa que se lleve a la tendencia de justificar o de tratar de satanizar a población que viene de fuera de nuestras fronteras, que en algunos casos excepcionalmente vienen a delinquir, pero que mayoritariamente vienen a producir riqueza y que se suman a nuestra población a enriquecerla de muchas maneras, comentó.

Según Alfaro, el proyecto obvia que la Constitución Política en su artículo 16 señala que la nacionalidad costarricense no puede removerse.

"La calidad de costarricense no se pierde y es irrenunciable", dice la norma citada.

Alfaro explica además que el fin que persigue el proyecto, que es la extraditación de extranjeros que hayan cometido delitos, podría prestarse para injusticias y que, a su criterio, la manera en que está redactado, sería incluso violatorio del derecho internacional.

"Nos preocupa, por ejemplo, que en el caso de la tensión que se vive con Nicaragua, que tenemos aquí muchos refugiados que terminan por naturalizarse y que puedan ser llamados por un gobierno contrario y que se manden a ser juzgados, sin medir el procedimiento de una extradición", comentó.

La frenteamplista también señaló que el proyecto no otorga el derecho al olvido, de personas que fueron condenadas y cumplieron una pena, por lo que podrían perder su condición, pero a que ya repararon su daño con la sociedad.