Diputados dan primer debate a reforma urgente contra crimen organizado
Los diputados aprobaron en primer debate este proyecto. (Foto: Minor Solís)
(CRHoy.com) La mayoría de los diputados (49 a favor y 2 en contra) aprobaron este jueves en primer debate el expediente 23.090, que aplica una reforma integral a la Ley 9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica, urgente para evitar que el Ministerio Público pierda herramientas judiciales para combatir bandas del crimen organizado.
Según lo advirtió el Fiscal General de la República Carlo Díaz, si esta reforma no entre en vigencia antes del 7 de junio, existe el riesgo que al menos 10 líderes de bandas organizadas salgan a la calle al vencerse los plazos de prisión preventiva para organizaciones del crimen organizado.
Esta situación dijo el Fiscal, podría aumentar los homicidios, ya que estos grupos buscarán recuperar territorios.
Este proyecto se le tuvo que aplicar un procedimiento de "vía rápida" debido a la oposición de dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas y Carolina Delgado quienes han insistido en que la iniciativa es inconstitucional.
Para ello, la diputada Delgado colocó 519 mociones al proyecto, lo que le tomó al Congreso 11 días de sesiones para poder tramitar las mociones y desecharlas todas.
Vargas afirmó en la discusión por el fondo este jueves que este proyecto es parte de una nueva tendencia de aprobar leyes "anti-garantistas" y que vienen a crear inseguridad jurídica.
Respaldo judicial
Tras conocer las mociones, el proyecto debió ser consultado al Poder Judicial, que de forma extraordinaria este mismo jueves realizó una sesión de Corte Plena donde concluyó que el proyecto requiere 38 votos para su aprobación, y calificó de urgente su trámite.
La magistrada de la Sala Penal Sandra Zúñiga Morales explicó en dicha sesión la necesidad de esta reforma:
El proyecto 23.090, propone una mejora integral de la Ley 9481, respecto a su paradigma esencial, sea la necesidad de una jurisdicción especializada para hacer frente a los procesos cada vez más complejos y/o violentos de crimen organizado, sin renunciar a la vía ordinaria para la investigación y juzgamiento de otras causas de delincuencia organizada, que no revisten esa complejidad, pero que van a permitir cumplir con el mandato constitucional de una justicia pronta y cumplida, indicó Zúñiga.
La diputada Delgado por su parte cuestionó el actuar del Poder Judicial.
"Queda en evidencia la presión que ha ejercido el Poder Judicial para que este proyecto sea aprobado con una celeridad inusitada, casi inédita, al analizar en tiempo récord si el proyecto tiene alguna afectación directa sobre su organización. Un trámite rápido, sin discusión y sin debate, de la misma manera en que se hizo en el Congreso", señaló.
Delgado dijo que ojalá el Poder Judicial atendiera de esa forma veloz, la mora judicial.
La diputada de Nueva República, Gloria Navas, señaló que el país tiene una amplia trayectoria de respeto a las leyes y que en este proyecto mantiene esa normativa y garantía procesal.
El frenteamplista Jonathan Acuña resaltó que a pesar de criterios de algunos abogados especialistas contra el proyecto, no les corresponde a los diputados juzgar esas divergencias, y que si hay dudas que sea la Sala III que los resuelva, pero sí es su responsabilidad poner al día esta ley.
Principales cambios
A partir del 7 de junio, de no modificarse la Ley 9481, en los términos señalados en el proyecto 23.090, se eliminarán los actuales plazos ampliados de prisión preventiva, que se prevén para asuntos de crimen organizado, en los artículos 7 y 9 de la Ley 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada.
El proyecto precisamente buscar asegurar que los plazos de prisiones preventivas para crimen organizado se pueda aplicar hasta 24 meses y no solo por 12 meses.
De manera que, a partir de dicha fecha, en los casos de criminalidad organizada que no se tramiten en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada JEDO, sólo quedaría la posibilidad de aplicar los plazos de prisión preventiva previstos para asuntos de tramitación compleja, que son menores a los previstos en la Ley de Delincuencia Organizada tanto en lo que toca al plazo ordinario de prisión (6 meses); como para el supuesto de dictado de sentencia condenatoria (4 meses), y además, no se prevé un plazo especial en el caso de ordenarse el reenvío.
El segundo debate se dará el lunes 29 de mayo.