Diputados dan marcha atrás con proyecto para identificar presuntos culpables mediante ADN
Los diputados de la República dieron marcha atrás al devolver a primer debate un proyecto de ley que busca facilitar la identificación de sujetos que participan en hechos delictivos mediante el uso de ADN, a través de la base de datos que administra el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al requerir una consulta obligatoria al Poder Judicial.
Esto tras aprobar una moción de retrotracción a primer debate con 38 votos afirmativos.
La iniciativa corresponde al expediente 24.341, titulado "Ley para facilitar la identificación de sujetos que participan en hechos delictivos por medio del ADN", presentado por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig.
Feinzaig presentó el recurso y justificó la decisión tras que se le señalara un prosible vicio en el que se podría incurrir al aprobar el texto en segundo debate.
La propuesta
El proyecto tiene como objetivo asegurar la correcta identificación de personas condenadas que se encuentran bajo custodia del sistema penitenciario nacional, así como mantener actualizada la base de datos de perfiles de ADN que administra el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ.
La toma de muestras de ADN no codificante se realizará a las personas condenadas que deseen acceder a alguno de los beneficios contemplados en esta ley. Esta medida permitirá una investigación más efectiva de los delitos y reducirá las posibilidades de que la concesión de dichos beneficios propicie la reincidencia, como parte del registro de datos biométricos que lleva a cabo el Ministerio de Justicia y Paz.
El perfil de ADN al que se refiere la iniciativa será un perfil alfanumérico personal, con un número de identificación único, elaborado exclusivamente a partir de información genética no codificante, con fines únicamente identificatorios, sin permitir el acceso a datos sensibles de las personas registradas.
El texto establece que todo ciudadano condenado por hechos delictivos deberá someterse a un registro completo de sus datos biométricos de identificación como requisito indispensable previo al disfrute de cualquiera de los beneficios previstos en la ley, ya sea por disposición judicial o administrativa. En caso de que la persona ya cuente con dicho registro, este deberá actualizarse para poder acceder a esos beneficios.
Ahora el texto será modificado en la Comisión de Asuntos Jurídicos previo a su nueva votación en primer debate.