Diputados dan luz verde a plan que refuerza investigaciones por beligerancia política del TSE y la CGR
La Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa dictaminó de manera afirmativa el proyecto de ley que propone fortalecer las potestades de investigación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Contraloría General de la República (CGR), así como endurecer las prohibiciones para evitar la beligerancia política de los funcionarios públicos, especialmente de alto rango.
Uno de los ejes centrales del proyecto es otorgar facultades expresas para que el TSE pueda abrir investigaciones de oficio cuando existan indicios de beligerancia política que involucren a la Presidencia de la República, las Vicepresidencias, ministros, viceministros y magistrados.
Actualmente, estas investigaciones suelen iniciarse a partir de denuncias. Con la reforma propuesta, el órgano electoral podría actuar directamente al detectar posibles conductas que busquen influir en la voluntad del electorado desde cargos públicos.
De forma paralela, la iniciativa faculta a la CGR para abrir investigaciones de oficio ante el presunto uso de recursos públicos con fines político-electorales, cuando estos se utilicen para favorecer candidaturas, partidos políticos o incidir en procesos electorales.
El proyecto también plantea endurecer las restricciones que rigen para los empleados públicos en materia política. Se establece una prohibición expresa para que cualquier funcionario realice manifestaciones, insinuaciones o acciones destinadas a influir en la decisión de los votantes.
Para los cargos de mayor jerarquía, como el presidente de la República, vicepresidentes, ministros y magistrados, la prohibición sería absoluta durante todo el ejercicio del cargo, impidiéndoles realizar cualquier pronunciamiento o acción que busque incidir a favor o en contra de partidos o candidaturas.
Asimismo, se refuerza la prohibición de utilizar recursos públicos o personal bajo su mando con fines político-electorales.
La iniciativa conserva las sanciones vigentes y reafirma la potestad del TSE para ordenar la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a ocho años, en caso de que se compruebe la beligerancia política.
La beligerancia política es un delito que se comete cuando un funcionario público con prohibición muestra parcialidad a favor de un partido político en el ejercicio del cargo o cuando un funcionario con prohibición de participar en actividades políticas incurre en ellas, según el artículo 105 de la Constitución Política.
El plan fue propuesto en marzo de 2025 por la fracción del Frente Amplio.
Ahora, la discusión pasará al plenario legislativo.
La beligerancia política no está tipificada como delito, sino como falta administrativa y este proyecto no le cambia la calificación. Por eso el TSE incurrió en extralimitación de funciones y prevaricato, lo mismo que la Asamblea Legislativa, al tramitar el levantamiento de la inmunidad del Presidente por beligerancia política a solicitud del TSE porque la Constitución solo le da legitimación a la Corte Plena para pedir eso y solo por delitos, no al TSE y menos por faltas administrativas. ESO EN TESIS DE PRICNIPIO SÍ ES DELITO: PREVARICATO, evidentemente el TSE cometió prevaricato.Extraña que hayan excluido a los Magistrados del TSE que por lo visto podrán continuar haciendo beligerancia política lo mismo que los funcionarios de TSE como Gustavo Román, el vocero del TSE, abiertamente con discurso opositor.