Diputados dan a Mideplan rectoría en proyectos de inversión pública
Imagen de la construcción del viaducto en el cruce de La Galera. Cortesía Conavi
Por unanimidad, los diputados aprobaron este martes en segundo debate el expediente 22.470, denominado "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)", iniciativa que entrega al Mideplan la rectoría en proyectos de inversión pública del país.
Así, proyectos como carreteras o la construcción de un puente o una escuela deberán contar con el aval del Mideplan para su avance.
El objetivo es que cuando un proyecto de estas características se ejecute se tome en cuenta la programación, ejecución, monitoreo y evaluación de la inversión que ofertan las distintas entidades públicas bajo altos y modernos estándares de eficacia, eficiencia y calidad en función de la planeación del desarrollo nacional a corto, mediano y largo plazo.
Se busca que este sistema agrupe a todas las instituciones públicas que programan y gestionan proyectos de inversión pública, teniendo en cuenta un marco normativo y metodológico común, orientado al desarrollo económico, social y ambiental, un mayor bienestar a la ciudadanía, sin descuidar las finanzas públicas y respetando los diferentes niveles de autonomía que la Constitución Política y la ley han establecido.
"Con ello vamos a procurar que cada colón que usan las instituciones públicas en inversiones sea bien invertido, generando los resultados económicos y sociales deseados. Con esta ley superaremos problemas estructurales del país como la ausencia de un registro consolidado de inversiones, el uso de metodologías y lineamientos comunes, entre otros", indicó la ministra de Planificación, Laura Fernández.
Esta propuesta, que surgió en el gobierno de Carlos Alvarado, excluye de la estandarización de estos procesos a las empresas públicas en competencia y a los entes públicos no estatales como los colegios profesionales.
Es decir, el brazo del Mideplan tras esta reforma alcanza entonces al Poder Ejecutivo y se incluyó a las universidades públicas.
Mientras que el Poder Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como las entidades autónomas como las municipalidades, se regirán por sus principios generales.