Diputados crean comisión nacional para prevenir violencia en niños
Imagen con fines ilustrativos
Un total de 41 diputados aprobaron este lunes en segundo debate el expediente 23.642, un proyecto que busca una mejor articulación y respuesta de las instituciones encargadas de velar por la niñez y la adolescencia.
La propuesta redirige fuentes de financiamiento que ya cuentan las instituciones públicas, de manera que no se crean más impuestos, para darle un sustento legal a la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Alejandra Larios, explicó que este organismo debería ser capaz de articular y coordinar a las instituciones públicas para lograr una planificación interinstitucional y sectorial.
El objetivo es unificar un protocolo para que entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), de Salud y Justicia y Paz, junto al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para atacar casos de violencia contra niños y adolescentes.
Se pretende crear un Índice de seguridad ciudadana con el fin de generar un indicador relacionado con las actividades y programas de prevención que realicen las instituciones públicas, el cual se realizará mediante una metodología y ponderación de valores asignados a indicadores, los cuales serán desarrollados y aplicados por el viceministerio de Paz.
"Es evidente a la necesidad de trabajar en prevención del delito y de la violencia para abordar de manera integral el problema de inseguridad, por lo que una legislación que ayude a dar sostenibilidad a las acciones coordinadas y articuladas será una alternativa propicia para el país, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de acciones institucionales que se están realizando sin articulación entre las instituciones", comentó Larios.
El proyecto ordena redirigir el 2% de transferencia que hacen las municipalidades de los recursos provenientes de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Hoy día ese 2% se redistribuye de la siguiente manera: 1% se transfiera a la Junta Administrativa del Registro Nacional, un 0.5% se transfiera al Viceministerio de Paz y un 0.40% que quedará en las municipalidades para inversión en programas de prevención y un 0.10% que se transferirá a Flacso para el desarrollo del índice de seguridad ciudadana, investigación y cooperación técnica y científica en temas de prevención de la violencia.
Según los presupuestos municipales del año 2023, el 2% de transferencia de las municipalidades correspondería a ¢2.946.844.348.65.
Oficialismo en contra
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, explicó que si bien ellos están de acuerdo con la propuesta por el fondo, cuestionan la forma en que se quiere financiar, por eso votaron en contra.
Alegó que al quitarle los recursos del 1% que recibe el Registro Nacional y redireccionarlo a este nuevo ente, se afectará los servicios que da esta entidad, principalmente a la seguridad jurídica para evitar los fraudes registrales.
Agregó que se afectaría el proyecto del mapa del catastro nacional, afectando a las municipalidades y la recaudación de los impuestos territoriales.
La diputada Larios indicó que el Registro Nacional no contestó la consulta que se hizo del proyecto.
Además, que el proyecto señala que los registros se girarán a partir de enero del 2027, evitando así que se afecten los recursos para el mapa catastral que estaría terminando, según el ministro de Justicia, Gerald Campos, a finales del 2026.