Diputados cierran portillo que permitía a condenados dejar cárcel a mitad de la pena
La tarde de este martes de manera unánime 51 diputados aprobaron un proyecto de ley que busca endurecer el otorgamiento del beneficio de libertad condicional a las personas condenadas por cometer algún delito.
Se trata del proyecto de ley 27.737, el cual pretende reformar el artículo 64 del Código Penal. La propuesta establece que para los condenados por delitos que atentan contra bienes jurídicos que tutelan la vida, la propiedad privada de las personas, su seguridad sexual y la salud, la libertad condicional se pueda pedir hasta que se haya cumplido, efectivamente, las dos terceras partes de la pena impuesta en sentencia ejecutoria.
Actualmente, las personas condenadas por estos delitos puedan acogerse a la libertad condicional a la mitad de su pena.
En las últimas semanas, los diputados presentaron cambios a la iniciativa. Entre las variantes se sumaron delitos que impidan que los condenados se acojan al beneficio, entre ellos narcotráfico, robo agravado, crimen organizado, legitimación de capitales, trata de personas, tráfico ilegal de órganos, crímenes de guerra, genocidio y abusos sexuales contra menores y personas con discapacidad.
El proyecto de ley es autoría de la socialcristiana María Marta Carballo Arce.
El segundo debate del proyecto quedó previsto para el lunes 15 de enero.
Además de este proyecto de ley aprobado este martes, en la Asamblea Legislativa también se discuten otras iniciativas de ley para endurecer el beneficio de la libertad condicional.
El expediente 23.519 propone agregar un tercer inciso al artículo 67 del Código Penal, el cual consiste en la revocatoria o modificación del beneficio concedido cuando el liberado haya sido arrestado en flagrancia o durante el curso de la investigación judicial por la comisión de un delito doloso. Esto con el objetivo de que la persona liberada no siga reincidiendo en su actividad delictiva y con ello continúe violentando la paz social.
Otra de las propuestas es el expediente 23.986, Ley para garantizar la prisión preventiva en delitos de peligro social. La iniciativa presentada por el diputado Gilbert Jiménez Siles, del Partido Liberación Nacional (PLN) en apoyo con los legisladores del PUSC plantea que no se puedan aplicar otras medidas cautelares alternas a la prisión preventiva cuando los hechos imputados consistan en cualquiera de los delitos de narcotráfico, crimen organizado o sicariato.
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