Diputados avalan plan para que abogados institucionales defiendan a funcionarios
De ser encontrados culpables, deberán devolver costas al Estado
En medio de los cuestionamientos contra el Gobierno por su intención de pagar una póliza de responsabilidades civiles con recursos públicos para proteger al presidente, Rodrigo Chaves Robles y a su Gabinete en caso de procesos judiciales, en el Congreso los diputados avanzan con una iniciativa totalmente contrapuesta.
La Comisión de Gobierno y Administración de Congreso dictaminó de manera unánime un proyecto de ley para que sean los departamentos legales y el equipo de abogados de cada institución quienes defiendan a los funcionarios en casos de demandas en el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa, propuesta por el socialcristiano Horacio Alvarado Bogantes, no contempla el pago de pólizas a aseguradoras para las defensas de los funcionarios.
Además, cubriría no solo a los altos jerarcas, sino también a la totalidad de funcionarios del aparato estatal.
"Se autoriza a la Administración Pública, instituciones descentralizadas, empresas públicas estatales, ente público no estatal, a habilitar el poder asumir la defensa de los funcionarios y colaboradores (en caso de juntas directivas) que sean denunciados en el ejercicio de su cargo", dice el artículo 1 de la propuesta de ley.
En caso de que el funcionario público defendido con los fondos del Estado resulte condenado, el proyecto deja claro que deberá restituirle a la institución los gastos en los que incurrió.
El diputado Alvarado explicó que para esta defensa por parte del Estado, se deberán de cumplir con varios requisitos:
- Que el funcionario denunciado haya actuado en estricto cumplimiento o ejercicio de las funciones o deberes que resultan de su competencia.
- Al asumir la defensa del funcionario por cuenta de la entidad, se haya corroborado que tal medida contribuirá a que en el futuro no se causen mayores perjuicios económicos para esta o que con una profesional y pronta defensa del representante de la institución, se evite una condenatoria mayor en perjuicio de los intereses de la entidad.
- En caso de que el funcionario público defendido con los fondos del Estado resulte condenado, deberá restituirle a la institución los gastos en los que incurrió.
Tras el dictamen del proyecto, ahora el plan pasará a su discusión en el plenario legislativo.
El texto del proyecto de ley completo puede verlo en este enlace 23958
Esta semana trascendió que el Ministerio de Hacienda pretendía, mediante una contratación al Instituto Nacional de Seguros (INS) por ¢248,3 millones pagar una póliza de responsabilidades civiles.
Además de pagarse con fondos públicos, la póliza solo cubriría al presidente, Rodrigo Chaves y a su Gabinete.
Tras cuestionamientos de la Contraloría General, de los diputados de la oposición y abogados expertos, este lunes el Poder Ejecutivo puso en pausa la contratación a la espera de una opinión de la Procuraduría General de la República.