Diputados aún sin acuerdo para fijar tasa de usura
Esperan información adicional de la Sugef para tomar una decisión
(CRHoy.com) -Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios cerraron el 2019 sin llegar a un acuerdo para fijar topes a los intereses de los créditos.
Ana Lucía Delgado, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de esa comisión, explicó que la estructura de costos que entregó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) generó dudas por ser distinta a la metodología que brindó el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
La metodología planteada por la Sugef propuso una tasa máxima de un 43,42%. Superior a ese porcentaje, se consideraría usura y se castigaría penalmente.
La estructura de la Superintendencia incluye costos administrativos, factores del encaje mínimo legal y tasa de pérdida.
"A muchos diputados nos queda la gran duda sobre el tema de la tasa de pérdida porque un 25% puede ser considerada una tasa muy alta. Sin embargo, el superintendente (Bernardo Alfaro) nos señaló que estaba referida a la tasa de pérdida del sector consumo", dijo.
Ese aspecto -según Delgado- se está revisando con el fin de ver si es posible bajar la tasa máxima en esa estructura.
La metodología que acogió en noviembre pasado la mayoría de la comisión -con base en la información del Banco Central- generó una tasa máxima anual en colones de 30,28% y en dólares de 15,31%.
La liberacionista aseguró que también está pendiente una información de microcréditos que el congresista Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), le pidió a la Sugef, con copia a la comisión.
Vargas y el diputado Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN), se han opuesto al texto por los términos en los que está redactado.
Vargas ha pedido que las tasas de las operaciones de microcrédito sean excluidas de la metodología general y sean calculadas de manera diferenciada por el Banco Central.
Esto, tras la advertencia que hizo la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) de que los topes establecidos provocarían la exclusión del acceso al crédito de cerca de una tercera parte de las personas con tarjetas de crédito. Ellas tendrían que recurrir al crédito informal y eso implicaría un retroceso en el proceso de bancarización.
Delgado manifestó que espera que puedan llegar a un acuerdo después del próximo 13 de enero, cuando los legisladores regresen de sus vacaciones de fin y principio de año.
