Diputados apurarán investigación sobre compra de mascarillas
Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público revisarán las audiencias pendientes. (Cortesía/Despacho Yorleny León).
(CRHoy.com) -Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público apurarán la investigación sobre presuntas irregularidades en las compras de mascarillas quirúrgicas para personal de centros médicos que atienden pacientes con COVID-19 que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Legisladores de esa comisión valorarán si es necesario llevar a cabo las 8 audiencias pendientes y sesionar extraordinariamente para avanzar más rápido con la investigación.
"Todavía tenemos a 8 personas pendientes para venir. Esto nos toma aproximadamente un mes, mes y medio. Quisiera hacer la propuesta de revalorar para ver si es pertinente traer a todos", dijo la congresista Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
La legisladora también propuso que la comisión sesione todos los jueves a partir de las 12:30 p.m., y no a la 1:15 p.m., como lo hace ordinariamente.
"El espacio que tenemos de 1:30 p.m. a 2:40 p.m. no permite poder abordar como se quisiera cada una de las diferentes comparecencias. Entonces podemos hacer una extraordinaria de 12:30 p.m. a 1:15 p.m. y la ordinaria de 1:30 p.m. a 2:45 p.m. De esa manera, podríamos tener mayor participación en cada una de las audiencias", agregó.
El diputado Carlos Ricardo Benavides, del PLN, sostuvo que, incluso, se puede valorar convocar a una sesión extraordinaria un viernes durante la mañana.
Con ello, los congresistas también pretenden comenzar a estudiar otros expedientes que se encuentran en esa comisión.
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público investiga la adjudicación que hizo la CCSS para la compra de 12 millones de mascarillas a la empresa MR Comunicaciones Políticas, de Miren Martínez Ruiz, y a David Landergren.
La adjudicación fue distribuida en 7 millones para Landergren (por un valor de $2,1 millones) y 5 millones para MR Comunicaciones Políticas (por un valor de $1,9 millones). El total fue de $4 millones.
Supuestamente, los oferentes no contaban con la suficiente experiencia y hubo incumplimientos de requisitos básicos, como la presentación de certificados de calidad y documentos en idioma español.
El Ministerio Público también investiga el caso.