Diputados aprueban proyecto para proteger a víctimas de estafas electrónicas ante entidades financieras
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La Comisión con Potestad Legislativa Plena III aprobó en primer debate, con 15 votos a favor, el expediente 23.908, titulado "Ley de protección a los consumidores en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica", presentado por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La iniciativa busca proteger a los consumidores frente a estafas electrónicas, obligando a las entidades financieras —públicas y privadas— a responder por el dinero sustraído mediante fraude, invertir la carga de la prueba a favor de la víctima y establecer mecanismos ágiles para investigar y devolver los montos afectados, como acudir a la vía judicial, tras sufrir la sustracción de los recursos de sus cuentas bancarias.
Cambios en texto contra estafas
Durante la discusión meses atrás se aprobaron mociones que eliminaron un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos a víctimas que hubieran presentado reclamos antes de la entrada en vigor de la ley.
El texto actualizado establece que las entidades deberán devolver los recursos identificados como provenientes de fraudes cuando existan pruebas suficientes del carácter ilegítimo de la transacción, y aclara que no serán responsables si se trata de una "auto estafa", según la definición contemplada en la ley.
Rol de la Sugef
También se descartó la participación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) en la supervisión del protocolo de emergencia y atención que los bancos estarían obligados a implementar en estos casos.
"Las entidades financieras deberán reportar a la Superintendencia General de Entidades Financieras las cuentas, y las personas titulares de estas, que haya logrado determinar que han sido utilizadas para recibir fondos provenientes de fraudes electrónicos".
ABC se pronunció ante cambios
Desde su presentación, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó su posición sobre el proyecto de ley que busca brindar mayor protección a las víctimas de estafas electrónicas.
En setiembre de 2025, la entidad emitió un comunicado oficial en el que expresó su postura respecto a la iniciativa.
"Cualquier marco normativo que se genere con el fin de enfrentar las estafas bancarias debe mantener un equilibrio entre los deberes y derechos de todas las partes involucradas. Un elemento clave para ese balance es la inclusión de causales de exención de responsabilidad, particularmente cuando existe dolo —es decir, un fraude simulado por parte del propio usuario— o culpa grave, que corresponde a un descuido en el deber de resguardar claves y accesos a sistemas de banca en línea.
La ausencia de estas excepciones genera incentivos para el auto fraude y termina elevando los costos de todo el sistema financiero", señaló la ABC en el comunicado.
Por su parte, Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, enfatizó sobre las responsabilidades.
"Las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común. Los responsables son los criminales, no los bancos ni mucho menos las víctimas. Por eso es fundamental avanzar en un marco legal que equilibre derechos y deberes de todos los actores, para que se ataque la causa del problema y no se limite el acceso a los servicios financieros".
Asimismo, Mario Gómez, asesor jurídico de la entidad, insistió en cuál es la causa de la incidencia.
"Lamentablemente, la mayoría de los casos de estafas no se producen porque se vulneren los sistemas de seguridad de los bancos, sino porque los usuarios son engañadas por delincuentes. Esto evidencia la importancia de reforzar la educación financiera y digital, y de contar con una normativa equilibrada que distribuya de forma justa la responsabilidad, sin revictimizar a quienes han perdido sus ahorros".
Con la votación, el texto se deberá someter a un segundo y último debate en dicho foro legislativo el próximo 4 de marzo.