Diputados aprueban en primer debate impuesto a sociedades
Tributo golpeará a sociedades sin actividad mercantil
El Gobierno espera recaudar 47 mil millones de colones anuales. (CRH)
Con 40 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó esta mañana en primer debate el proyecto de ley que pretende restablecer el impuesto a las sociedades anónimas, anulado por la Sala Constitucional el 29 de enero de 2015.
La iniciativa contó con los votos a favor de las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio y el legislador Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Votaron en contra los libertarios Otto Guevara y Natalia Díaz, así como los legisladores Gerardo Vargas Rojas, Luis Vásquez, William Alvarado, Johnny Leiva y Rosibel Ramos, del PUSC. También votaron negativamente Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.
El proyecto, aprobado en una sesión extraordinaria tras un receso de dos semanas, grava a sociedades inactivas y activas. En este último caso, según el nivel de ingresos reportados.
De acuerdo con el texto, las personas jurídicas sin actividad comercial pagarán una tarifa de ¢63.600 anuales, lo mismo que aquellas con actividad económica, pero sin ingresos reportados.
Las sociedades con actividad económica e ingresos brutos de ¢50.800 cancelarán ¢106 mil y las que tienen ingresos brutos entre ¢50.800 y ¢118.000 pagarán ¢127 mil, mientras que las que reportan utilidades superiores a ¢118 mil pagarán ¢212 mil.
Según estimaciones del Movimiento Libertario, con base en un informe del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, las sociedades inactivas aportarán el 66,4% de la recaudación total del impuesto y las que tienen ingresos brutos entre los ¢50 millones y mayores a ¢118 millones solo aportarán un 14% de la recaudación total.
Las sociedades inactivas normalmente son aquellas que muchos costarricenses usan para inscribir una propiedad, un vehículo o para resguardar herencias, pero que no tienen actividades lucrativas.
Con el impuesto, el Gobierno espera recaudar ¢47 mil millones anuales. De ese total, un 95% se trasladará al Ministerio de Seguridad Pública para contrataciones de más policías, delegaciones y equipamiento, y un 5% al Ministerio de Justicia para infraestructura carcelaria.
Guevara reafirmó que el Movimiento Libertario presentará una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto ante la Sala Cuarta.