Diputados aprueban 4 proyectos para ayudar a combatir criminalidad
Fracción de Gobierno votó en contra plan que excluye al OIJ del pago del IVA
(CRHoy.com) Los diputados aprobaron este jueves cuatro proyectos de ley para ayudar a las autoridades policiales a combatir la criminalidad.
La mayoría de las iniciativas fueron solicitadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y habían sido dispensadas de trámite.
El primer expediente aprobado fue el 22.651, que reforma reformar el artículo 191 del Código Penal en relación con el levantamiento e identificación de cadáveres.
Dice la reforma aprobada:
En los casos de muerte violenta o cuando se sospeche que una persona falleció como consecuencia de un delito culposo, si el levantamiento del cadáver se debe realizar en vías públicas, lotes baldíos, sitios de acceso común o espacios abiertos al público la policía judicial practicará una inspección en el lugar de los hechos, dispondrá el levantamiento del cadáver y el peritaje para establecer la causa y la manera de muerte sin necesidad de presencia de otra autoridad.
En estos casos, el Organismo de Investigación Judicial comunicará a la autoridad judicial competente los resultados obtenidos en la diligencia en un plazo máximo de veinticuatro horas.
Cuando se trate o se presuma que una persona falleció como consecuencia de un delito doloso o que el hecho haya ocurrido en espacios de acceso restringido deberá ser el juez quien ordene y practique la diligencia, salvo que delegue su ejecución en la policía judicial.
La identificación del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico y, si no es posible, por medio de testigos. Si por los medios indicados no se obtiene la identificación y su estado lo permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo prudencial en la morgue del Departamento de Medicina Legal, a fin de que quien posea datos que puedan contribuir al reconocimiento se los comunique al juez.
El segundo proyecto aprobado fue el 22.590, una reforma a la Ley General de Telecomunicación para castigar con una pena de uno y hasta seis años de cárcel, a las personas que fabriquen, comercialicen, adquieran, instalen, porten, importen, distribuya, transporte, compre o venda, utilice u opere bloqueadores o inhibidores de frecuencias y señales radioeléctricas.
Esto debido al bloqueo de señal celular que se aplica en los centros penitenciarios.
El tercer proyecto fue el 23.372, iniciativa que busca que el OIJ sea exonerado del pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA) en los bienes y servicios que adquiera.
Se trata de un proyecto de ley que impulsa el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Danny Vargas, esto con el fin de liberar cerca de ¢1.300 millones al OIJ que servirían para que la entidad pueda comprar tecnología urgente para investigaciones pendientes de grandes casos de corrupción.
Aquí vale señalar que los cinco diputados del Gobierno presentes en el plenario, votaron en contra.
El último expediente aprobado fue el 22.588, una reforma a la Ley de Tránsito para que los vehículos policiales y los destinados a la seguridad e investigaciones dirigidas a garantizar la preservación y salvaguarda de bienes y derechos del patrimonio de entes y órganos públicos contra acciones dolosas o delictivas, no tengan estén excluidos de llevar una placa especial que los identifique con el ministerio o la institución a la que pertenecen, así como la rotulación respectiva.
Otras dos iniciativas más, junto a los cinco proyectos de ley que ha pedido el Poder Ejecutivo, se analizará el próximo lunes en una reunión conjunta entre los jefes de fracción y la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
