Diputados apilan y dejan en el olvido investigaciones sobre gastos del Estado
Pocas posibilidades de reformar el reglamento para darle tiempo de análisis a investigaciones
Lunes 28 de enero, 2019: Las informaciones sobre riesgos financieros, posibles negocios ruinosos y malos manejos administrativos en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) llegan a la Asamblea Legislativa como una estampida imposible de sortear y tocan nervios profundos en los diputados.
De inmediato se destapa el debate: unos claman para que el plenario investigue, otros promueven que se abra una comisión especial, otros más que sea la Comisión de Ingreso y Gasto, grupo tradicionalmente encargado de fiscalizar la forma en que se manejan las finanzas del Estado, la que vea el tema.
No es para menos. Desde antes de la apertura en telecomunicaciones hace ya 10 años, el ICE ha significado el reflejo de las más extremas posiciones ideológicas a nivel político, y esto no ha cambiado. La investigación recayó finalmente en la comisión de Ingreso y Gasto, aunque no es la primera vez que este grupo pone sus ojos en la entidad.
En la última década, ésta comisión ha abierto al menos tres expedientes, uno de ellos en 2013 por el denominado caso ICE-Alcatel, otro en 2015 para analizar el uso de fideicomisos privados para manejar fondos públicos, y el último -abierto el año pasado- precisamente para analizar los estados financieros de la institución y la merma en sus ingresos durante los últimos años.
Sin embargo la suerte de estos es prácticamente la misma que han corrido la mayoría de investigaciones realizadas por esta comisión.
En la última década, este grupo ha investigado no menos de 50 casos que involucran desde solicitudes para enviar a personas al Ministerio Público hasta recomendaciones de inhibir de cargos públicos a exfuncionarios, pero que finalmente no llegan a su etapa final.
Esto fue parte de la discusión de los legisladores, donde el frenteamplista José María Villalta apuntó con certeza que "difícilmente" se verían investigaciones de la comisión alcanzar el plenario.
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El problema radica en la forma cómo se distribuyen los tiempos de discusión. Por norma, el plenario legislativo sólo se reúne cuatro días a la semana, de los cuales los lunes, martes y jueves son las sesiones completas de tres horas. De ellas solo la primera hora cada día es para control político.
Los informes de investigaciones se encuentran entre los últimos asuntos de la agenda legislativa, y no es sino sólo mediante un acuerdo de la mayoría que podrían ponerse en primer lugar. En la última década estos acuerdos no han existido, por lo que prácticamente todas las investigaciones terminan engavetadas a la espera de una oportunidad o bien archivadas, una vez que se les vence el tiempo.
La otra opción sería aprovechar la ventana que se abrió en la actual Asamblea Legislativa para discutir un cambio en el reglamento que permita darle un espacio a estos temas; pero esta posibilidad parece poco probable.
Los diputados que analizan los cambios están más enfocados en agilizar el proceso normal de proyectos de ley y mejorar el uso del tiempo de los diputados en el plenario.
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Los casos analizados en la última década por la comisión responden en su mayoría a denuncias de posibles hechos de corrupción o malos manejos administrativos.
Por ejemplo existen investigaciones grandes como el caso de la llamada trocha fronteriza, en el cual se recomendaban sanciones morales y destituciones de jerarcas como del entonces viceministro de la Presidencia Mauricio Boraschi, la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) Vanessa Rosales, y otros funcionarios públicos. Además, solicitaba el cierre inmediato del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Más de cinco años y medio después de esa investigación el Conavi sigue existiendo y de hecho una reciente resolución de las autoridades judiciales eximió de responsabilidades a gran parte de los implicados en ese entonces.
Estos son algunos casos investigados en la última década:
La comisión conformada para el presente cuatrienio -2018-2022- tiene entre sus principales investigaciones el hueco fiscal generado en la pasada administración de Luis Guillermo Solís.
El presidente de la comisión, Jonathan Prendas, confirmó que solo resta una audiencia con autoridades del Citibank para cerrar esta etapa y entrar en la parte de conclusiones.
Otros temas pendientes son las finanzas del ICE, aspecto que cobró relevancia a partir del lunes pasado ante presión de gran parte del plenario legislativo, la millonaria contratación de una soda en el Ministerio de Agricultura y la incapacidad de las autoridades gubernamentales para reducir la evasión tributaria.