Diputados a un paso de ser los más productivos en 12 años
Aprobaron 109 proyectos entre el 15 de mayo del 2018 y el 26 de marzo pasado
Los actuales diputados están cerca de ser los que más proyectos de ley han aprobado en su primer año de labores de los últimos cuatro periodos constitucionales.
Según el Área de Procesos Legislativos del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, entre el 15 de mayo del 2018 y el 26 de marzo del 2019 los congresistas aprobaron 109 proyectos de ley.
Esas son 4 iniciativas menos que las se convirtieron en leyes durante la legislatura 2010-2011, la que más propuestas contabiliza aprobadas de los últimos cuatro arranques de gobierno, con 113 en total.
Durante las otras dos primeras legislaturas restantes, la 2006-2007 y la 2014-2018, respectivamente, se aprobaron tan solo 27 y 47 iniciativas de ley, respectivamente.
A falta de pocas sesiones para que acabe la primera legislatura, el próximo 30 de abril, los parlamentarios quedan a un paso de superar esa mayor cantidad de propuestas aprobadas.
Entre los proyectos más importantes que vieron la luz durante este último año en el Parlamento se encuentran algunas trascendentales para el desempeño del país y del sistema político.
Por ejemplo, los diputados aprobaron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que tiene como finalidad aumentar la carga tributaria con el objetivo de reducir el déficit fiscal, que es la brecha que existe entre los ingresos y los gastos del Poder Ejecutivo.
También aprobaron el proyecto de ley para fusionar Bancrédito con el Banco de Costa Rica (BCR) que vino a apagar un incendio para el Ministerio de Hacienda pues el Gobierno pasado gastó ¢132.000 millones (0,4% del producto interno bruto) en un infructuoso rescate de Bancrédito. El banco finalmente cerró operaciones comerciales en julio del 2017 y dejó pendiente el pago de la multimillonaria cifra al Gobierno Central. Con la fusión, el BCR se hizo cargo de cancelar la deuda al Ministerio de Hacienda.
El Parlamento también abandonó el pasado en materia de sus normas y procesos internos durante la legislatura que termina. Los diputados aprobaron, el 4 de marzo pasado, una reforma al Reglamento Interno del Parlamento.
Los pilares de la modificación son la reducción en el tiempo en que se tramitan los proyectos de ley y la creación de una nueva vía rápida para iniciativas urgentes.
Entre otras, algunas de las medidas para lograr esa agilidad son limitar a 120 días hábiles el tiempo que tiene una comisión para dictaminar un proyecto, se redujo de tres días a uno el plazo que tienen los legisladores para reiterar mociones en el plenario después de que estas no prosperaran en comisión; se disminuyó considerablemente el tiempo en el uso de la palabra para discutir esas mociones y para hablar por el fondo sobre un proyecto de ley.
En cuanto a cantidad, entre mayo y marzo los diputados aprobaron 20 convenios internacionales, 31 reformas a leyes existentes, 30 nuevas leyes, un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, 4 presupuestos de la República y 23 autorizaciones municipales.
Del total de leyes aprobadas un 95% se votaron en el plenario, el resto en las comisiones con potestades plenas. Un 29,3% del total de las leyes aprobadas las propuso el Poder Ejecutivo y un 70,7% las fracciones legislativas.
La presidenta del Directorio Legislativo, Carolina Hidalgo (Acción Ciudadana), dijo que la buena productividad que experimentó el Congreso durante este último año se debió a factores como la búsqueda de amplios consensos para los proyectos y el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
"Si veíamos que se complicaba un proyecto optábamos por nuevos espacios de negociación, por ejemplo, con asesores de los diputados", comentó.
A pesar del saldo positivo, la legisladora dijo que una de las grandes deudas del Congreso con el país al acercarse el final de la actual legislatura es el proyecto de ley que autorizaría al Ministerio de Hacienda a emitir eurobonos en mercados bursátiles extranjeros por unos $6.000 millones.
La iniciativa tiene como finalidad canjear deuda del Gobierno a corto plazo por una a mayor tiempo, lo cual le permitiría al Ejecutivo ganar en liquidez al tener que pagar menos intereses, los cuales se cargan al Presupuesto Ordinario de la República todos los años.