Diputado pide a Fiscalía investigar alza del 35% para Riteve
Solicita determinar posibles vicios de corrupción
El diputado Mario Redondo envió una nota a la fiscal general a.í. Emilia Navas. (CRH).
El diputado y candidato presidencial de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, pidió a la fiscal general a.í, Emilia Navas, que inicie una investigación sobre el aumento del 35% por la revisión técnica vehicular a favor de la empresa Riteve.
El legislador instó a Navas a comenzar la investigación para determinar si existen vicios de corrupción asociados a la operación de ese monopolio privado, las renovaciones de sus contratos y el aumento desmedido en su tarifa de un 35% por la vía de un decreto ejecutivo.
Manifestó su preocupación por la forma en "que instituciones del Poder Ejecutivo han actuado en lo que presuntamente podría catalogarse como un favorecimiento indebido de esta empresa en perjuicio de la hacienda pública y de los costarricenses usuarios del servicio de revisión técnica vehicular".
En una carta enviada a Navas, advirtió que "al Consorcio Riteve SyC se le ha renovado la concesión por la prestación de este servicio público de una manera que nos parece desapegada a la legalidad, aunado a ello, la empresa en cuestión en dos oportunidades, una por la vía contenciosa administrativa y otra a través de una demanda internacional, intentó aumentar la tarifa por el servicio brindado demandando al Estado costarricense".
El Estado costarricense ganó el millonario juicio contencioso por ₡10 mil millones que presentó Riteve SyC por el tema de tarifas en diciembre 2012 y también ganó el millonario juicio internacional que le establecieron por el mismo tema, 261 millones de euros, en enero 2017.
Ambas demandas las perdió la empresa, por lo cual la tarifa no se había aumentado.
Sin embargo, Redondo dijo que para su sorpresa "y la de todos los costarricenses, el Poder Ejecutivo, por la vía de un decreto ejecutivo, aumentó la tarifa de Riteve en un 35% de manera escalona, sin tomar en cuenta los estados financieros de la empresa, ni el margen máximo de rentabilidad que el contrato establece en el 13%, ni los contundentes estudios realizados por el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica relacionados con este tema y elaborados para el Consejo de Transporte Público".
Sostuvo que le preocupa la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, por la vía del decreto ejecutivo, haya hecho una usurpación indebida de funciones que le corresponden a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) en cuanto a la fijación de tarifas.