Diputado denuncia supuestas irregularidades en contrataciones de Racsa
El diputado Francisco Nicolás presentó la denuncia. Foto: Asamblea.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás, señaló este jueves en su espacio de control político supuestos hechos anormales en contrataciones administrativas realizadas en Racsa.
Nicolás indicó que 17 diputados de las fracciones del PLN y del Frente Amplio (FA) suscribirían una relación de hechos y presentarían una solicitud de investigación al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética Pública.
En la denuncia, que está en formulación y que sería presentada este viernes a las autoridades judiciales, se indica como posibles delitos penales: incumplimiento de deberes, influencia contra la hacienda pública, sobreprecio irregular, fraude de ley en función administrativa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; posible lesión a los deberes de probidad, transparencia e Independencia; posible lesión y debilitamiento al Sistema de Control Interno; posible corrupción.
Además, la posible violación de las siguientes legislaciones: Ley General de Contratación Pública, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y Ley General de Control Interno.
"Estamos hablando de hechos que de comprobarse serían corrupción en la contracción administrativa y que configura una concusión de un grupo de personas organizadas para delinquir", señaló Nicolás.
Agregó que sería el mismo modus operandi que se ha visto en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
"Es decir, toman una empresa pública, la ponen de frente al resto del Estado, piden contratar a esa empresa pública y luego da vuelta en u y contrata con un grupo selectivo de empresas privadas a dedo", agregó el legislador.
Según el verdiblanco, se tratarían de contrataciones, al parecer irregulares, por más de $30 millones de recursos públicos.
Contrataciones directivas
El diputado explicó qué los hechos narran cuatro escenarios donde se cree que hay dudas y posibles irregularidades.
El primero sería contrataciones directas, un 40 en total, donde al parecer Racsa propone dar el servicio, pero luego termina subcontratarlo a empresas "a dedo".
Dice la relación de hechos:
Según datos de SICOP del 01 de diciembre 2022 al 02 de noviembre 2023, las adjudicaciones efectuadas a Racsa sin concurso y adjudicadas a dedo, ascienden a millonarias sumas provenientes de fondos públicos.
Si Racsa ha estado utilizando mecanismos de excepción y las instituciones que los contratan igualmente, conviene investigar:
- ¿Existen estudios de mercado que demuestren un adecuado auscultamiento del mercado de oferentes?
- ¿Cómo se está obteniendo la mejor calidad y el mejor precio sin hacer un concurso?
- ¿Cómo está acreditando Racsa el contar con participación sustantiva, si no constan en SICOP los documentos que acrediten esto tan importante factor?
- ¿Cuáles han sido los criterios para acreditar la razonabilidad de los precios finalmente contratados y si no están participando otros oferentes competidores?
De comprobarse posibles abusos e irregularidades en el uso de los mecanismos de excepción de contratación de los que Racsa podría estar valiéndose con las instituciones, se estaría violando la Ley de Contratación Pública e incurriéndose en una violación normativa.
El segundo hecho señala cerca de 30 contrataciones con una empresa de tecnología, a la que se le adjudicó directamente servicios de mantenimiento y de software.
Una tercera línea de investigación tiene que ver con las tobilleras electrónicas para sentenciados.
Según Nicolás, a pesar de que, hay una adjudicación vigente a una empresa que cobra $5.99 por cada tobillera, de forma extraña, a la misma compañía ya adjudicada, se le da otro contrato por medio de la Comisión Nacional de Emergencia en un monto de $9.51 por tobillera, lo que significa un sobrepago de más de un millón de dólares.
"Desde abril 2023, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) estaba facultado para dar inicio a la licitación 2022LI-000001- 0006900001 por $5,99/día por cada tobillera; sin embargo, el MJP ha continuado bajo el marco de ejecución contractual 2023XE-000001-0006900001 pagando $9,61 diarios por tobillera, es decir, ha estado pagando un sobreprecio de $1,531,8032", indica la relación de hechos
El último punto de investigación es la contratación de Racsa a una empresa por el tema de las 5G.
Nicolás indicó que al menos 15 personas estarían involucradas en estas supuestas irregularidades, entre ellos el gerente general de Radiográfica Mauricio Barrantes, junto a 10 sociedades anónimas.
Además, dijo que estaría involucrado el asesor político de Casa Presidencial, Federico Cruz.
Luego, el diputado del FA, Ariel Robles, también hizo referencia a la denuncia.
Dijo que este es un caso muy similar a lo ocurrido en el Sinart, donde se hace una buchaca en Racsa para que luego esta empresa pública "reparta a dedo los recursos públicos".
"Pareciera que la receta que usaron para la pauta publicitaria, es una receta de corrupción que aplican en otras instituciones. Por eso es urgente que se revise lo que ocurre en Racsa, si es que no hay un gato encerrado", afirmó el frenteamplista.
Robles dijo que hay que verificar todo el Estado, porque a este personaje conocido como Choreco, parece le gusta hacer negocios con empresas públicas.
"Curiosamente, una de estas empresas cuestionadas está ubicada en Guatemala, vayan verifiquen diputados las salidas del país de Federico Cruz en reiteradas ocasiones, cuidado se sorprenden por donde anda Federico Cruz, el presidente de un partido donde varios diputados le dieron su apoyo", agregó el legislador.
Rechaza señalamientos
Mediante un comunicado de prensa, Racsa señaló que lo afirmado por Nicolás es falso.
"Es falso que Racsa seleccione a dedo a un grupo 'selecto' de empresas privadas. Por el contrario, Racsa es respetuosa del ordenamiento jurídico y ha cumplido a cabalidad con los procedimientos que establece la Ley General de Contratación Pública y su reglamento", indicaron.
Agregan que al ser una empresa en competencia se encuentra habilitada expresamente por la Ley 8660 para comercializar productos y servicios y participar en los procedimientos que promuevan las empresas públicas y privadas como un oferente más.
"Racsa es una de las 10 empresas seleccionadas como distribuidor de Oracle para la venta de sus servicios y productos, para lo cual tuvo que pasar por un riguroso proceso de certificación y de transparencia por parte de dicha compañía, lo cual garantiza a las instituciones del Estado las mejores condiciones en términos de calidad y precio", agregan.
Luego indican que con respecto a las afirmaciones relativas a la contratación de tobilleras electrónicas, es necesario aclarar que el consorcio en el que participó Racsa fue contratada por el Ministerio de Justicia a través de un concurso público internacional, "por lo que las declaraciones emitidas el día de hoy por el diputado Nicolás son confusas, falsas y no se apegan a la realidad de los hechos".
Insisten que es totalmente "falso y engañoso" las declaraciones, aduciendo que existe alguna adjudicación al Consorcio por parte de la Comisión de Emergencias para el tema de tobilleras electrónicas.
Luego que con relación a las contrataciones promovidas por Racsa para proveer tecnología 5G, aclaran que, en resguardo de la normativa aplicable, la empresa promovió los procedimientos de contratación respectivos en forma transparente a través de la plataforma Sicop, siendo ganador en todos los casos las ofertas que cumplieron a cabalidad con el cartel con condiciones altamente favorables a Racsa.
"Lamentamos nuevamente estos ataques infundados y estamos en la mayor disposición de aclarar a los entes de control cualquier tema relacionado con los procesos de contratación que la empresa ha ejecutado y en los que ha participado conforme al debido proceso y de manera transparente. Reiteramos que como empresa en competencia es nuestro deber seguir aportando valor y tecnología de punta, aunque esto signifique enfrentar ataques infundados que afectan la reputación empresarial y ponen en riesgo los beneficios que estas soluciones aportan a las instituciones y a los ciudadanos", cierra el comunicado.