Aunque ha avanzado en la corriente legislativa, un proyecto de ley que pretende crear un impuesto del 5% sobre la venta de cemento, producido en Costa Rica o importado, enfrentará trabas.

La iniciativa se encuentra a las puertas de ser dictaminada por la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo del Congreso, según informó el diputado Marco Vinicio Redondo, quien representa al Partido Acción Ciudadana (PAC) en ese órgano parlamentario.

Explicó que un informe de una subcomisión legislativa recomendó avalar un texto sustitutivo a la propuesta original.

"Estaríamos haciendo todo lo posible para dictaminar el proyecto la próxima semana", dijo Redondo.

Sin embargo, el legislador Juan Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), reconoció que está dispuesto a obstruir el proyecto, si no le hacen cambios al texto relacionados con el hecho generador del impuesto.

"Bloquearíamos con 20 mociones y no lo dejaríamos pasar porque en los términos en que está planteado afectaría a las municipalidades de Guanacaste. Este diputado no permitirá que el proyecto avance, y que sea dictaminado en la Comisión de Asuntos Municipales", advirtió.

La polémica se da en momentos en que la Asamblea Legislativa acordó investigar las denuncias en torno al crédito por $20 millones que el Banco de Costa Rica (BCR) otorgó al empresario Juan Carlos Bolaños para importar cemento desde China.

Marín negó que su oposición esté relacionada con el negocio de la importación del producto y adujo que desde hace meses planteó cuestionamientos al proyecto.

¿Por qué se opone?

El diputado liberacionista explicó que si la propuesta se aprueba, cada municipalidad de Guanacaste, provincia que representa, perdería ¢100 millones anuales.

Esto, porque, según dijo, se pretende modificar el hecho generador del impuesto.

"Ahora por cada saco de cemento producido en planta o a granel se genera el impuesto. Ahí se paga y de lo recaudado se contribuye con las municipalidades de Guanacaste desde hace muchos años. Igual sucede con Cartago o San José. El impuesto producido en Guanacaste, San José o Cartago se paga en cada provincia", manifestó.

Indicó que con la propuesta el impuesto ya no se aplicaría al cemento producido, sino sobre la venta.

Esto quiere decir que, por ejemplo, la materia prima se puede llevar desde Guanacaste, producir el cemento y venderlo en Cartago o San José, y los recursos del tributo irían para las municipalidades de las provincias donde se vendió.

Insistió que solo apoyará la iniciativa si se modifica el hecho generador del impuesto.

No obstante, Redondo dijo que a Marín se le han ofrecido alternativas para modificar el hecho generador y tampoco las ha aceptado.

La propuesta

Los contenidos más importantes del proyecto son los siguientes:

• El impuesto es del 5% sobre la venta de cemento, producido en el territorio nacional o importado, en bolsa o a granel, de cualquier tipo. No está sujeta al tributo la exportación.
• El hecho generador del impuesto para la producción nacional es en la fecha de emisión de la factura de venta o de entrega del producto en el sitio de despacho o almacenamiento. Lo mismo aplica para el cemento importado.
• El impuesto se liquidará y se pagará de forma mensual, durante los primeros 15 días naturales de cada mes.
• La recaudación, administración y fiscalización del impuesto corresponde a la Dirección General de Tributación.

El texto fue consultado a municipalidades, el Ministerio de Hacienda, la Cámara de la Construcción y a las cementeras Cemex Costa Rica S.A. y Sinocem de Costa Rica.

La primera empresa hizo observaciones al proyecto. La segunda se opuso por considerar que es contrario al espíritu de la ley, principio de generalidad tributaria y principio de legalidad, según se detalla en el informe de la subcomisión legislativa.

El texto de este proyecto fue convocado por el Ejecutivo a sesiones extraordinarias.