Diputada propone derogar prohibición a minería a cielo abierto
Según la legisladora, la iniciativa plantea reglas para el desarrollo de la actividad
La diputada María Inés Solís, del PUSC, propuso la iniciativa. (Cortesía).
(CRHoy.com) -La diputada María Inés Solís, cojefa de la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), planteó levantar la prohibición a la minería a cielo abierto que se impuso hace una década.
La legisladora presentó este martes un proyecto de ley para desarrollar la actividad bajo reglas claras, generar empleos y reactivar el desarrollo económico rural.
Según explicó, el Colegio de Geólogos de Costa Rica trabajó en la propuesta y la avaló en un 100%.
La iniciativa también pretende que los ingresos de los impuestos generados en la zona los conserven los municipios de los cantones en los cuales se desarrolle la actividad para financiar obras y programas en las comunidades.
Solís dijo que la ley que prohibió la explotación minera a cielo abierto "demostró ser incapaz de proteger nuestros yacimientos auríferos".
Manifestó que, en cambio, con su propuesta el Estado retomaría su deber de legislar sobre el tema de una manera responsable.
"Los costarricenses, pero en especial quienes vivimos en San Carlos, somos testigos de la devastación ambiental que existe en la zona Crucitas, luego de que el Estado renunciara hace 10 años a legislar sobre el tema de la minería metálica a cielo abierto. Prohibir esta actividad, lejos de proteger nuestro yacimiento aurífero, la flora y fauna de la zona, provocó su explotación ilegal que, desde entonces, realizan miles de extranjeros ilegales que ingresan desde otros países de Centroamérica al nuestro para extraer el oro tico, sin que el Estado o el municipio reciban un solo recurso por concepto de impuestos o cánones, pues esa actividad la prohibió la ley", amplió la socialcristiana.
La iniciativa busca clasificar la actividad minera metálica según el tamaño del procesamiento del material que se extraiga en cada yacimiento.
Además, pretende fijar los impuestos adicionales que generen la actividad para la zona, con independencia de los que el Estado pueda cobrar por el desarrollo de esta industria.
Para tales efectos, según Solís, un 30% del equivalente a lo que representa el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) por las ventas brutas pasaría directamente al municipio para el financiamiento de programas, obras y proyectos locales de interés para las comunidades.
Con esta iniciativa, se obligaría al Estado a respetar los convenios internacionales que suscribió para eliminar en el país la contaminación por causa del uso del mercurio.