Diputada Navas: fallo de Sala IV sobre UPAD demuestra conducta delictiva de Carlos Alvarado
(CRHoy.com) La diputada del Partido Nueva República (PNR), Gloria Navas, calificó de histórico el fallo de la Sala Constitucional en relación con la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), ya que a su criterio califica la conducta delictiva del expresidente Carlos Alvarado.
El fallo de la Sala IV es un hito histórico en la historia de Costa Rica porque se está calificando casi como evidentemente delictiva la conducta de Carlos Alvarado y su ministro en ese momento de la Presidencia, Víctor Morales Mora, afirmó la también abogada litigante.
Los magistrados constitucionales determinaron que el decreto presidencial que pretendía crear la UPAD violentó tres artículos que protegen derechos de los ciudadanos.
Según el abogado constitucionalista, Rubén Hernández, se dio una violación a la autodeterminación informativa que protege el artículo 24 de la Carta Magna que habla de la intimidad.
También que se violaba el principio de reversa legal en materia de restricción de los derechos fundamentales que recoge el artículo 28 de la Constitución y por último que violenta el artículo 140 inciso tercero, porque hubo un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo al haber invadido atribuciones que competen exclusivamente al dominio de la ley.
Navas cree que la resolución de la Sala viene a confirmar que el exmandatario cometió el delito de prevaricato que es uno de los tres delitos que la Fiscalía investiga y además que justifica los allanamientos, la captura de información, los celulares y la computadora del expresidente.
"Es una especie de traición a la patria, porque después de haber juramentado para respetar la ley y la Constitución Política se violenta de esta manera", agregó la diputada.
¿Qué es el caso UPAD?
En total son tres supuestos delitos por los que la Fiscalía General investiga al exmandatario y a otros exfuncionarios de Casa Presidencial: prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.
En el expediente penal se incluyen como imputados, además de Alvarado, al entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro y los exasesores de Casa Presidencial: Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andres Villalobos Villalobos y Felly Salas Hernández.
Según detalló el órgano acusador, la investigación hace sospechar que "se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones", proceso del que "se cree que Alvarado Quesada tenía conocimiento".
"De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal Rivas, Villalobos Villalobos y Fernández Montero se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal.
Al parecer, Alvarado Quesada, Morales Mora y Soto Castro emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto", indicó la Fiscalía a través de su oficina de prensa.
Los imputados se exponen a una pena de entre dos y hasta seis años de prisión si son encontrados culpables.
