Diputada impulsa amnistía en revisión técnica vehicular
Carolina Delgado, diputada del PLN. (Asamblea Legislativa).
(CRHoy.com) -Un proyecto de ley pretende que se ordene una amnistía en la revisión técnica vehicular mientras el Estado define la forma en la que se continuará brindando el servicio después del próximo 15 de julio, cuando concluya el contrato con la empresa española Riteve.
La iniciativa -que se tramita bajo el expediente legislativo 23.232- fue presentada por la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Según explica la legisladora en el texto, se propone una amnistía en la aplicación obligatoria de la revisión técnica tanto para las unidades que ya forman parte de la flota vehicular, como para los vehículos nuevos y/o usados que sean importados.
"El Poder Ejecutivo no podrá exigir el cumplimiento de los requisitos de periodicidad de la revisión técnica vehicular, control de emisiones contaminantes, límites de ruidos y transporte de materiales peligrosos o explosivos previstos respectivamente en los artículos 30, 38, 39 y 115 inciso a) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078 del 4 de octubre de 2012 y sus reformas mientras la presente amnistía se encuentre vigente", se lee en el proyecto.
También se busca que las multas que contempla la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial no se apliquen mientras esté vigente la amnistía para garantizar la libertad de circulación y la seguridad jurídica para los ciudadanos.
"Más allá de la forma en la que el Poder Ejecutivo logre solucionar lo relativo al contrato, resulta importante destacar que la suspensión del servicio podría no solo afectar la circulación de los ciudadanos, sino también la seguridad jurídica. De acuerdo con la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N° 9078 del 4 de octubre de 2012 y sus reformas, la revisión técnica vehicular es un requisito insoslayable para que los vehículos puedan circular o para que se autorice su inscripción en el caso de los automotores nuevos o usados que sean importados.
Además, existen multas aplicables a quienes transiten sin la revisión técnica o incumplan las disposiciones en cuanto a emisiones de gases contaminantes y ruidos, entre otras, cuya vigencia permanece, pero no podrían ser exigibles si el Estado no presta el servicio, generando incertidumbre sobre las consecuencias jurídicas para los ciudadanos", sostiene Delgado.
El pasado 29 de junio, el Gobierno anunció que no dará una prórroga a la empresa Riteve para que continúe prestando el servicio.
En su lugar, planteó que se aplique hasta por 2 años la figura de permiso en uso en precario de las instalaciones con los equipos que pasarán a manos del Estado a partir del 15 de julio.