Diputada fue víctima de banda que robó pertenencias de carros parqueados en comercios
La mañana de este martes, la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan cuatro allanamientos en Alajuelita para desarticular una banda que robaba pertenencias de vehículos estacionados en locales comerciales de San José y Limón. Entre las víctimas de este caso figura una diputada de la Asamblea Legislativa.
Se trata de la legisladora Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien reveló que el pasado viernes 3 de octubre de 2025 fue víctima de un hurto mientras realizaba una gira por Talamanca. En ese momento, la también diputada Pilar Cisneros explicó la gravedad del hecho y cuestionó a Acuña por no haber sido precisa al relatar lo ocurrido.
Ya va por seis millones de colones el robo, por algo que no debió suceder. Ella ciertamente se equivocó cuando pensó que le habían robado en el CTP, en la actividad donde estaban, porque solo hicieron dos paradas: en el CTP y en Guápiles.
Incluso, ese día Cisneros cuestionó la actuación del chofer de Acuña, quien no se habría percatado de lo ocurrido.
Que le dijo al chofer: 'Pare un momento, porque necesito ir al baño'. Y dice la diputada Acuña que se tardó tres minutos, durante los cuales el chofer de la Asamblea, irresponsablemente, se alejó del carro, y en esos tres minutos le robaron todo.
Por su parte, Melissa Quirós, fiscal coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, confirmó que Acuña fue una de las ocho personas afectadas.
Estos hechos se desarrollaron entre los meses de agosto y diciembre del año 2025, y hasta el momento se han identificado ocho víctimas, dentro de las cuales figura una diputada de la Asamblea Legislativa, cuyo caso fue notorio porque fue expuesto por la misma víctima en el plenario, e involucró incluso un vehículo oficial de la Asamblea Legislativa", indicó.
El Ministerio Público explicó, mediante un comunicado de prensa, la forma de operar de la banda y el uso que daban a las tarjetas de débito y crédito de las víctimas.
En apariencia, el grupo delictivo actuaba en estacionamientos de centros comerciales, supermercados o restaurantes, en San José y Limón, donde ubicaban potenciales víctimas que dejaban sus vehículos en esos establecimientos.
Presuntamente, cuando la persona se bajaba del vehículo, utilizaban un aparato conocido como inhibidor de frecuencia o señal radioeléctrica para evitar que lograra activar la alarma y el cierre central del automóvil mediante el control remoto; por ende, los seguros de las puertas no se habilitaban.
Los imputados aprovechaban esta situación para apoderarse de bienes de los ofendidos, tales como teléfonos, computadoras y billeteras. Se cree que, tras ubicar tarjetas de crédito o débito, se hacían pasar por los dueños para realizar compras en comercios mediante el pago en datáfonos o efectuar retiros en cajeros automáticos.
Supuestamente, de esta forma realizaron transacciones por ₡3.500.000 y $5.000 y, en al menos una ocasión, lograron retirar ₡645.000 de un cajero automático.