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Diputada del PLN buscará proyecto para reinstaurar pesca de arrastre

Asegura que se pueden presentar criterios técnicos para demostrar sostenibilidad de la técnica

Por Manuel Sancho | 29 de May. 2018 | 4:27 pm

La técnica arrastra unas pesadas redes sobre el fondo marino. (Imagen del Monterey Bay Aquarium‎)

El próximo año se vencerán las últimas licencias de pesca de arrastre en el país. Luego de múltiples esfuerzos fallidos del gobierno de Luis Guillermo Solís por reinstaurar la técnica y fallos de la Sala Constitucional, pareciera que el el uso de este método se acerca a su fin.

Sin embargo la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Franggi Nicolás, quiere cambiar ese panorama. Esta tarde la congresista puntarenense aseguró que buscará una iniciativa para permitir la pesca de arrastre. En el Plenario Legislativo pidió a sus compañeros anotar una iniciativa con ese fin.

El viernes 18 de mayo, mediante la sentencia 2018-7978, la Sala declaró inconstitucional el procedimiento legislativo en la tramitación del proyecto Ley Para el Ejercicio Sustentable de la Pesca Semi-industrial Camaronera en Costa Rica, 18.968.

Esta iniciativa fue convocada por el gobierno de Luis Guillermo Solís el 20 de marzo, quien cedió a las presiones del sector de pesca semi-industrial de arrastre y trabajadores del mismo, así como diputados de Puntarenas. El propio proyecto de Solís, el 19.838, nunca tuvo viabilidad ni tampoco demostró con estudios que la pesca de arrastre es sostenible.

Entre el 2016 y 2017, las autoridades capturaron tres barcos camaroneros, que pescaban en áreas marinas protegidas. (Imagen del Minae)

Ahora Nicolás aseguró que se puede congeniar esta forma de producción con la protección del medio ambiente. "Soy ambientalista creo en la importancia de preservar al medio ambiente (…) pero también no podemos seguir en la eterna dicotomía que para producir hay que chocar con lo ambiental (…) eso no puede ser", aseguró en su discurso.

Según la puntarenense analizará el voto reciente de la Sala, para decidir cuál estrategia emplea, ya sea con un proyecto nuevo o retomando los previos. "Me gastaré estos nudillos tocando todas las puertas del gobierno y a ustedes en sus oficinas", dijo antes.

Nicolás aseguró que se puede lograr una pesca de arrastre sostenible y rescató medidas para que tenga menos impacto, como zonas dónde no se pueda aplicar; dispositivos para reducir la pesca incidental; y otras tecnologías. Confía en tener estudios y criterios técnicos.

La diputada dijo que no hay empleo en Puntarenas y quitar el arrastre empeorará el panorama. Mencionó que afectará a 4 mil familias. Según un estudio socioeconómico del sector de pesca de arrastre semi-industrial de camarón, realizado por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, la pesca de arrastre solo genera 590 empleos directos. De esos un 80% son de mala calidad, porque no alcanzan el salario mínimo. Las peladoras de camarón ganan en promedio 37 veces menos que los dueños de las licencias.

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Aunque la pesca de arrastre seguirá moviendo sus redes por el fondo marino (arrastrando), Nicolás cree que el término "arrastre" sataniza la técnica.

En el pasado gobierno, la Sala también anuló un intento del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) por emitir nuevas licencias, a través de acuerdo de junta directiva.

Desde el 2013 la Sala prohibió renovar o entregar nuevas licencias de arrastre. En ese momento analizó que "la pesca del camarón con redes de arrastre en el contexto actual costarricense, causa serios daños al ecosistema marino, pone en grave riesgo la existencia y reproducción de especies comerciables y del propio camarón, y atenta contra la supervivencia del sector pesquero artesanal socialmente vulnerable". Ese voto 10540 de la Sala determinó que la técnica viola 6 artículos de la Constitución.

Los magistrados enfatizaron en la necesidad de que existan estudios técnicos y científicos idóneos para determinar que el proyecto cumpla con una reducción significativa de la captura incidental en la pesquería de arrastre que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático.

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