Diputada del PAC cuestiona a sindicatos del Poder Judicial
Gremios insisten en objetar estudio actuarial de la UCR
Los representantes de los gremios fueron recibidos por la comisión legislativa pasadas las 11 a.m. (Cortesía)
La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionó fuertemente esta mañana a los sindicatos del Poder Judicial por plantear tardíamente objeciones al estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR) para reformar el régimen de pensiones de los empleados judiciales.
La legisladora hizo las críticas después de que los representantes de los gremios insistieron en formular observaciones al informe de la UCR.
Los dirigentes gremiales fueron recibidos por la Comisión Especial de Regímenes de Pensiones del Congreso a las 11 a.m., tras fracasar un intento de un grupo de congresistas de suspender la audiencia y no recibirlos hasta que se levantara la huelga que mantiene el Poder Judicial.
"Hasta ahora me lo vienen a decir. No entiendo. Los escucho igual que hace 6 meses atrás a decir que si están de acuerdo, pero ahora cuestionan la misma base metodológica (…) Nos pidieron plazo para ampliar y esperar los productos y ahora nos vienen a decir que no están de acuerdo", sostuvo Guerrero.
De inmediato, la legisladora les preguntó si estaban dispuestos a ajustar ciertos privilegios, pero la respuesta de los sindicalistas fue que son puntos que se deben negociar.
Entre otros, las organizaciones gremiales puntualizaron los siguientes cuestionamientos al informe de la UCR:
- El estudio está plagado de inconsistencias.
- Fijar la edad de retiro en 65 años es excesivo porque el trabajo de los empleados judiciales es de los más incapacitantes.
- La UCR no valoró adecuadamente la tasa de rendimientos del fondo.
- Tampoco valoró para las proyecciones financieras las reservas que tiene el fondo y que alcanzan los ¢468 mil millones.
Sin embargo, Guerrero insistió en que no es válido que los gremios vengan a hacer observaciones a escasos días de que la comisión rinda el dictamen de la reforma, cuyo plazo vence el 31 de julio.
La congresista Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), por su parte, le reiteró a los gremios que la audiencia es para referirse a temas técnicos y no para dar apoyo a la manifestación que los empleados judiciales mantienen en las afueras del Congreso.
Piszk hizo la intervención después de que los representantes gremiales pidieron a los diputados entablar un proceso de diálogo.