Diputada busca regular la influencia de grupos de interés en el Congreso

Por casos de corrupción como fue el "cementazo" y el lobby del sector cooperativo en la Asamblea Legislativa para evitar el pago de un tributo sobre sus excedentes, la diputada María Inés Solís presentó un proyecto de ley que pretende regular este tipo de reuniones entre jerarcas y actores privados.

En el proyecto de ley 21.346 se indica que el caso de cemento chino mostró la influencia que puede ejercer un sujeto privado dentro de los tres Poderes de la República, así como en el Sistema Bancario Nacional.

De igual forma, Solís, quien buscó la forma de implementar ese nuevo impuesto para las cooperativas, denunció en reiteradas ocasiones, el lobby realizado para traerse abajo su propuesta. 

Por esta razón y con base en la Ley chilena, quiere que se realice un Registro de Agenda Pública donde los funcionarios con altos cargos deben indicar las reuniones con lobistas, el tema que trataron, la hora y fecha donde fue el encuentro. 

Estos últimos a su vez, deberán registrarse ante la Contraloría General de la República (CGR) en el Registro Público de Lobistas donde tendrán que indicar el nombre para quien realizan lobby, la indicación de si percibe una remuneración por esa actividad, el nombre de la persona física o jurídica para quien se ha solicitado la reunión o audiencia y de quien se presume retribuye al lobista por su gestión.

La socialcristiana señaló que con estas acciones se busca proteger a la persona que está dentro de la función pública y a la vez, establecer un marco regulatorio "para aquellas personas con intereses privados o personales".

Algunos cargos públicos que estarían obligados a registrar sus reuniones son: diputados, presidente y vicepresidente de la República, embajadores, Presidencias Ejecutivas de Instituciones A

utónomas, Magistrados, Fiscal General, jerarca del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), alcaldes, presidente e integrantes de juntas directivas de bancos del sistema financiero nacional, entre otros.

Solís considera que con su planteamiento se da respuesta a la ciudadanía que exige mayor publicidad en los procesos de toma de decisiones dentro del sector público "y poder conocer la forma como se pueden reorientar determinadas políticas públicas, producto de la actividad de lobby que desarrollan algunos grupos de presión de diversa naturaleza".

La iniciativa busca sanciones económicas en contra de los funcionarios o autoridades que incumplan sus obligaciones, así como para lobistas, que van de medio hasta ocho salarios base del cargo de auxiliar judicial uno.