Diputada aportó a Sala IV informe sobre vigilancias de policía a opositores
La diputada Joselyn Sáenz del Frente Amplio presentó ante la Sala Constitucional el informe policial que documenta las órdenes emitidas a los oficiales de Fuerza Pública para que mantuvieran vigilancia y contuvieran a los opositores políticos del Gobierno durante los actos del 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago.
Luego de CR Hoy dio a conocer que existieron directrices explícitas en esa línea, la legisladora explicó que entregó el oficio en el que se detalla la asignación de oficiales de inteligencia para monitorear a ciudadanos catalogados como "opositores al gobierno" o "posibles agitadores".
Sáenz, quien interpuso originalmente un recurso de amparo al considerar que se discriminó a la ciudadanía al impedirle participar en las actividades protocolarias, calificó como inaceptable que en una democracia se vigile a quienes disienten del gobierno.
La congresista espera que los magistrados constitucionales exijan a las autoridades de seguridad esclarecer su accionar durante esa jornada. Ayer este medio dio a conocer las directrices policiales que ordenaban vigilar a los opositores e inspeccionar a los asistentes durante la llegada de la Antorcha de la Independencia.
Los cuerpos de seguridad recabaron información previa sobre la iniciativa ciudadana "Faroleadas por la Democracia". Pese a que los mandos policiales reconocían la legitimidad de esta manifestación en sus órdenes, se le asignó seguimiento por parte de agentes de inteligencia y de la Unidad Especial de Intervención (UEI).
Operativo policial en celebración de Consejo de Gobierno en Plaza Mayor. 14 de setiembre 2026.
Fotos cortesía: Sergio Cedeño.
Fotos de Sergio Cedeño y vecinos de Cartago
A estas denuncias se unió el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago, que a través de un pronunciamiento para repudiar lo que consideraron una vigilancia orquestada por el Poder Ejecutivo y una burla hacia los habitantes de la provincia.
Como parte de su denuncia, la organización civil señaló que diversos cuerpos de seguridad, incluyendo la escolta presidencial y la Policía Municipal, recibieron instrucciones específicas para vigilar la manifestación pacífica. El colectivo catalogó estas órdenes como propias de regímenes dictatoriales y como una grave violación a los derechos constitucionales.
La agrupación también cuestionó las medidas logísticas implementadas ese día, criticando la instalación de un cerco de vallas alrededor de la Plaza Mayor y los permisos otorgados para que autobuses con simpatizantes del partido Pueblo Soberano (PPSO) se estacionaran en zonas restringidas.
De acuerdo con el Frente, estas acciones representaron un trato desigual y obstaculizaron el derecho a la libre expresión, la reunión pacífica y el libre tránsito de los ciudadanos que acudieron a manifestarse.
Finalmente, el comunicado dirigió duras críticas hacia las autoridades gubernamentales, señalando directamente a Rodrigo Chaves Robles por haber emitido discursos que la organización calificó de vacíos e irrespetuosos, rompiendo así con la solemnidad cívica de la fecha.